La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación relacionada con la gestión del transporte público durante la pandemia a raíz de una denuncia por la falta de distancia de seguridad entre los usuarios en los vagones de trenes de Cercanías.
El Miniserio Público ha abierto las diligencias tras la denuncia presentada por el colectivo Xnet contra el director general de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el responsable de seguridad de Rodalies de Catalunya y los jefes de seguridad de Renfe y de Adif por presuntos delitos dolosos de lesiones o, subsidiariamente, imprudentes de lesiones, incluido el de homicidio imprudente, informa EFE.
En la denuncia, la plataforma reprocha el “servicio deficiente” de ferrocarriles y considera que existen “serias sospechas” de que “gran parte” de los usuarios de la red han sido infectados de COVID-19 pese a haber adoptado todas las precauciones que estaban “en sus manos”. Más allá de las sospechas, los datos sanitarios indican que el porcentaje de infectados en el transporte público es muy inferior al que se produce en reuniones sociales, puestos de trabajo y ámbito sanitario.
Xnet denuncia aglomeraciones en los trenes en horarios y fechas en las que eran “previsibles” dada la “reiteración de las circunstancias” y acusa de omisiones conjuntas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la Generalitat como titular de Cercanías, a Renfe en calidad de operadora y a Adif por ser la titular de la infraestructura.
“Hemos sido víctimas de forma continuada y reiterada de un servicio deficiente y sin la suficiente capacidad y frecuencia de trenes para que sea posible mantener las prescritas distancias de seguridad, con grave perjuicio por nuestra incolumidad”, subraya el escrito.
También pone de relieve que en muchas ocasiones se han usado convoyes cortos, “incluso cuando hay capacidad para largos”, una circunstancia que, aseguran, “se produce de forma reiterada y continuada en un gran número de líneas de trenes”. Además del escrito a la Fiscalía, Xnet también ha denunciado los mismos hechos a la Agencia Catalana del Consumo, ha hecho un llamamiento a la población afectada para que documenten este tipo de situaciones.
Asimismo, lamenta que “las medidas anunciadas por los responsables de las líneas se dirijan a responsabilizar a los usuarios para que no utilicen los servicios de transporte público en horas punta”, pero “sin que se haya establecido ninguna referencia de ocupación de los medios de transporte desde el primer estado de alarma de este año 2020 (...) ni se haya ampliado la capacidad y frecuencia en la mayoría de los casos”.