La Fiscalía concluye que la rifa de una prostituta entre militares fue “ficticia”: “El premio real fue una cesta de Navidad”
Giro inesperado en el caso del sorteo de una prostituta por parte de militares del cuartel del Bruc de Barcelona. La Fiscalía ha concluido que el sorteo de una prostituta no fue real, sino que se trató de una rifa “ficticia” en un chat privado y que el premio que realmente sí entregó fue una cesta de Navidad al uso.
Fuentes fiscales han informado este jueves que se ha llevado a cabo una “detallada” investigación del Acuartelamiento de El Bruc, consistente en identificar a los dos responsables del anuncio de la prostituta. La conclusión fiscal es que se trataba de un grupo de Whatsapp no oficial y que el sorteo de la prostituta “fue totalmente ficticio”, ya que nunca hubo “una intención real” de contratar los servicios de ninguna prostituta “ni se realizó ningún trámite para ello”.
“El premio real y efectivo fue una cesta de Navidad”, han explicado las mismas fuentes. Al no existir una persona real en situación de prostitución, no cabe continuar con la vía penal, concluye el Ministerio Público, al no ver en el chat ningún indicio de delito de inducción a la prostitución, ni trata de seres humanos ni explotación sexual ni tampoco de delito de odio.
En los chats de Whatsapp, dos militares del Ejército de Tierra propusieron al resto de integrantes del grupo participar en una rifa para “pasar un rato ”con una prostituta el día de la Inmaculada con el objetivo de recaudar dinero para las fiestas de la compañía. En este chat privado se compartieron fotografías de la prostituta y los “servicios” que ofrecía, y también se colgó un cartel en la cantina del cuartel anunciando el sorteo de la “dama de compañía”.
Pese a que en un primer momento el propio Ejército trasladó los hechos a la Fiscalía, la investigación del caso ha concluido en que, si bien los mensajes entre militares sí se escribieron, en realidad el sorteo de una prostituta en realidad no llegó a existir.
En suma, la Fiscalía ha informado al juez del caso a favor al archivo de la causa penal, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que el Ejército pueda imponer a los militares. Salvo otro giro inesperado, el magistrado archivará el caso de acuerdo con el criterio fiscal.
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