La Fiscalía de Barcelona ha denunciado al concejal de Emergencia Climática de Barcelona y presidente de la empresa pública de residuos urbanos Tersa, Eloi Badia, por un delito contra el medio ambiente al haber permitido presuntamente que durante la quema de basura en la planta del Forum se expulsaran a la atmósfera más gases contaminantes de los permitidos por la normativa.
Según el servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía, Badia y el jefe de explotación de Tersa, F.R.G., “habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente, una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable y que podrían estar suponiendo un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno” de la planta así como para el medio ambiente en general.
Concreta la fiscal en su denuncia –resultado de una investigación de tres años– que los responsables Planta de Valorización Energética (PVE) de Tersa habrían autorizado una quema de residuos con una temperatura superior a la permitida por la directiva europea, lo que generaría mayores gases contaminantes. Así, si la norma europea establece que los gases de combustión se quemen a más de 850º durante dos segundos, Tersa habría utilizado un algoritmo para estapropio sin validación de ninguna administración como método de cálculo de la temperatura, lo que contravendría la directiva comunitaria y provocaría la emisión de más gases contaminantes.
De esta forma, abunda la denuncia, la planta de Tersa expulsaría a la atmósfera “compuestos contaminantes con unas concentraciones superiores a las permitidas y que causarían un riesgo grave para la salud de las personas”. El cálculo algorítmico de Tersa, recalca la fiscal, no ha sido validado por la dirección general de calidad ambiental de la Generalitat.
Tersa es una empresa pública propiedad de Barcelona Serveis Municipals (59%) y el Área Metropolitana de Barcelona (41%). La planta de quema de basura está ubicada en Sant Adrià de Besòs, en el entorno del Forum, y trata, aproximadamente, 45 toneladas de residuos por hora, lo que la convierte en la segunda mayor de España.
El caso llegó a la Fiscalía después de que la coordinadora vecinal Airenet denunciara en 2018 ante este órgano el presunto mal funcionamiento de la planta, con unos niveles de emisiones contaminantes muy “elevados” de los que ya alertaban artículos en publicaciones científicas. La investigación concluyó que la empresa no estaba controlando correctamente la temperatura de incineración de los residuos conforme a la legislación ambiental, como también detectó una inspección de la Generalitat en 2018.
Según la autorización ambiental que se le concedió en 2007, la empresa debía entregar cada año a la Generalitat un informe sobre el cumplimiento de los valores límites de emisión e informar en caso de sobrepasar los topes, pero la Fiscalía no los ha hallado, por lo que pide al juez de Badalona que se ha hecho cargo del caso ordenar a la Generalitat aportar los datos de emisión contaminantes sobre la incineradora para seguir con el proceso.