Primera discrepancia sustancial entre la Fiscalía y el juez del caso Negreira. El Ministerio Público ha recurrido la decisión del instructor de imputar al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, al entender, al contrario del instructor, que los pagos que el Barça efectuó al excolegiado durante su primer mandato (2003-2010) al frente del club sí están prescritos.
El recurso de los fiscales Luís García Cantón y Ricardo Sanz-Gadea no rechaza de plano la inclusión del delito de cohecho (soborno) en el caso que realizó el juez Joaquín Aguirre, sino la argumentación del juez para extender la causa al primer mandato de Laporta y rechazar que los hechos estuvieran prescritos para el mandatario del Barcelona.
El juez basó la imputación de Laporta en un supuesto acuerdo de todos los presidentes del Barça de los últimos 20 años para pagar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y en considerar que el delito de cohecho se habría realizado de forma continuada en el tiempo.
Bajo estas premisas, el juez argumentó que el plazo de prescripción por cohecho continuado es de diez años y empezó a contarlos hacia atrás desde la fecha del último pago del Barça a Negreira, en julio de 2018, cuando el presidente era Josep Maria Bartomeu.
Para los fiscales, el juez empezó a contar la prescripción de Laporta al revés. La “dirección temporal”, en palabras de los fiscales, en la que el instructor aplicó los plazos de prescripción es errónea.
Según el recurso, Laporta acabó su presidencia el 30 de junio de 2010, por lo que la responsabilidad por sus posibles delitos “prescribió diez años después, lejos de marzo de 2023, en el que fue admitida la denuncia de la Fiscalía”. En consecuencia, según los fiscales (que ya excluyeron a Laporta de su denuncia inicial), el caso Negreira está prescrito para el mandatario 'culé'.
Por otro lado, los fiscales discuten la teoría de la “autoría adhesiva” en que se basó el juez para responsabilizar a todos los presidentes del Barça de los pagos que el club hizo a Negreira entre los años 2001 y 2018, que sumaban 7,5 millones de euros.
En su recurso ante la Audiencia de Barcelona, los fiscales remarcan que “nunca se ha planteado la opción, ni como mera posibilidad”, de un pacto entre los distintos presidentes del Barça para pagar a Negreira, lo que impide, a su juicio, avalar la hipótesis del instructor.
Para los fiscales, a Laporta solo se le pueden exigir responsabilidades por los “hechos o omisiones” sobre los que pudiera tener “dominio”, sin que haya el más “leve indicio” de que hubiera un “acuerdo, connivencia, convenio o concierto entre los sucesivos dirigentes del FCB” en relación con los pagos a Negreira.
“En ningún momento se ha considerado que los distintos intervinientes actuaran en una suerte de reparto de papeles con aportaciones casuales recíprocas que pudiesen dar lugar a lo que se ha denominado imputación conjunta”, recalca el recurso.
Según los fiscales Anticorrupción, cada presidente y cada junta directiva “responde -en su caso- por los pagos realizados al señor Enríquez Negreira durante el período en que desempeñaron sus cargos, sin que puedan ser atribuidos, por ejemplo, al señor Rosell los pagos que pudo haber realizado Bartomeu o a éste los realizados por el señor Laporta”.