La Fiscalía de Barcelona estudia la difusión de datos personales de la mujer que denunció a Dani Alves por agresión sexual. El nombre y fotografías de la víctima han sido divulgados en Internet en las últimas horas a través de un vídeo que han compartido, entre otras personas, la madre del acusado, así como miembros del entorno del futbolista y algunos medios de comunicación brasileños.
La difusión de datos personales de la víctima se produce cuando falta un mes para el juicio contra el jugador y estaba expresamente prohibida a las partes del caso por orden de la jueza que instruyó el caso Alves en atención al Estatuto de la Víctima, que permite a los jueces denegar la publicación de información relativa a la identidad de la víctima o de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta.
La divulgación del vídeo, al margen de si termina por la vía penal como un delito de revelación de secretos, supone un ejemplo de revictimización contra la joven y un caso del fenómeno conocido en inglés como 'victim blaming'. Se trata del escarnio y de la difusión de datos personales, tanto por canales tradicionales como los digitales, contra las víctimas de violación que busca no solo denigrar a la propia afectada sino también al resto de mujeres en caso de querer denunciar una agresión.
La difusión de datos personales e imágenes de la víctima, como ocurre con el caso de la joven que denunció a Alves, ataca no solo sus derechos sino que además busca desacreditar su testimonio de cara al futuro juicio, al sugerir que su estilo de vida extraído de sus redes sociales no es compatible con una denuncia por violación.
La defensa de la joven, que ejerce la abogada Ester García, también estudia medidas legales contra la difusión del vídeo y de las imágenes obtenidas de las redes sociales privadas de la denunciante. La principal incógnita para saber si la vía penal prospera es identificar desde dónde se produjo la filtración de datos. En caso de haberse producido desde Brasil y no desde España se añadiría un obstáculo a la investigación.
Cabe recordar que en España ya existen condenas por este tipo de conductas. Hace un año, una jueza de Barcelona condenó a un exmilitar que difundió datos personales de la víctima de 'la manada' de Pamplona. También castigó como responsable civil subsidiario al portal 'Foroparalelo' por su pasividad a la hora de borrar los datos personales de la joven difundidos por el condenado.
Fuentes de la Fiscalía de Barcelona han añadido que, en paralelo al estudio de la difusión de datos de la denunciante de Alves, se pedirá a la Audiencia de Barcelona la protección de su imagen el día que declare como testigo en el juicio por agresión sexual contra el jugador, que está previsto que se celebre entre los próximos 5 y 7 de febrero.
El Ministerio Público pide para el futbolista nueve años de prisión por un delito de agresión sexual, además de diez años de libertad vigilada y una indemnización de 150.000 euros para la víctima, mientras que la joven eleva a doce años la petición de cárcel, la pena máxima establecida en el Código Penal por un delito de este tipo.