La Fiscalía Europea ha abierto una investigación contra el exconvergente David Madí, ahora empresario y antigua mano derecha de Artur Mas, para corroborar si intentó desviar fondos europeos de recuperación. Así lo sospecha el juez de Barcelona que elevó el caso al organismo comunitario, si bien Anticorrupción rechaza esta tesis y no ve delito.
Según ha adelantado El Periódico y han confirmado fuentes jurídicas, la Fiscalía Europea ha pedido al juez de Barcelona Joaquín Aguirre la grabación completa de la llamada telefónica intervenida a Madí en el marco de la operación Voloh, la macrocausa que investiga la presunta corrupción de dirigentes del sanedrín soberanista que organizó el 1-O y el supuesto desvío de fondos hacia el procés.
En la charla, David Madí traslada al apoderado de una consultora que se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos en el marco de un encuentro de la patronal Foment del Treball, de la que forma parte.
Pese a que la patronal negó que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la situó en sus encuentros institucionales habituales, el juez Aguirre envió el caso a la Fiscalía Europea, encargada de investigar cualquier asunto relacionado con un eventual desvío de fondos europeos Next Generation.
Sin embargo, se dio la circunstancia de que Fiscalía Anticorrupción se opuso a investigar Madí por la charla sobre los fondos europeos al entender que sería una causa “prospectiva” que conculcaría sus “más elementales derechos”. Anticorrupción, que desde el inicio de la causa se ha mostrado reacia a mantener abiertas la mayor parte de líneas de investigación de Voloh, se adhirió al recurso de Madí al entender que de la conversación intervenida “no puede inferirse la existencia de ningún tipo delictivo”.
Para el fiscal, en la conversación Madí hace referencia a “únicamente las expectativas de un nuevo tipo de negocio consistente en ofrecer a sus clientes, como han hecho otras consultoras, la posibilidad de articular proyectos para optar a las ayudas europeas por todos conocidas”. En cambio la Audiencia de Barcelona consideró más acertada la tesis del juez Aguirre y autorizó el envío de la causa a la Fiscalía Europea.