Fiscalía, Generalitat y Parlament recurrirán la absolución de los manifestantes de Aturem el Parlament
INFOGRAFÍA: Tres años de Aturem el Parlament: de la criminalización a la absolución
La Fiscalía, la Generalitat y el Parlament de Catalunya recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a los 19 manifestantes acusados de atentar contra las altas instituciones del Estado tres años después de la convocatoria de Aturem el Parlament. El alto tribunal considera que los acusados “ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputarse ningún acto que pudiera significar un exceso o abuso”, pero las instituciones públicas no comparten el veredicto.
Aunque ayer al conocer la sentencia los abogados de las instititucions catalanas aseguraban que no tenían intención de recurrir la sentencia, Núria de Gispert ha declarado hoy que considera que la sentencia “menosprecia” el Parlament, y desde el Govern se han mostrado especialmente molestos por las críticas de la Audiencia a la actuación policial. “Si resulta que, después de todo, la culpa es de los Mossos, ya podemos acabar”, ha asegurado el portavoz del Govern Francesc Homs.
El cambio de planes ha cogido por sorpresa a los abogados de la defensa, que aseguran que el cambio repentino de opinión muestra que la motivación del recurso es puramente política. Por eso mismo, tampoco hay consenso en el Parlament. En la Mesa, ICV-EUiA ha reclamado que la decisión se tomara en la junta de portavoces, donde están representados todos los partidos, y tanto los ecosocialistas como la CUP ya han manifestado su desacuerdo con el recurso.
Responsabilidades políticas
“La sentencia está muy blindada y no creo que el recurso pueda prosperar, pero sirve para manifestar su desacuerdo”, explica Jaume Asens, uno de los abogados de los manifestantes. “Se trata de un recurso de cara a la galería para no asumir las responsabilidades políticas y de los mandos policiales que deberían asumir por esta sentencia”, añade.
El abogado anuncia, además, que pedirán reabrir la causa contra los Mossos por entrar en la Ciutat de la Justícia el 6 de octubre de 2011 para detener algunos de los imputados que habían ido precisamente a presentarse ante el juez. Asens remarca además que el recurso, como el resto del proceso, representa unos costes para la ciudadanía, ya que el Parlamento externalizó los servicios jurídicos que han llevado la acusación.
La sentencia defiende el derecho de manifestación
La resolución de la Audiencia indica que no existen pruebas que apunten a la comisión de los delitos imputados y agregan que las conductas que se atribuyen a la mayoría de ellos consistieron en participar en la manifestación convocada en protesta por los recortes, permaneciendo en el lugar que las fuerzas de seguridad habían clausurado mediante el cierre de las puertas de acceso al parque que rodea la sede del Parlament y encontrándose por ello con alguno de los parlamentarios.
La sentencia especifica que la libertad de expresión y el derecho de manifestación y de reunión “gozan de una posición preferente en el orden constitucional” y por ello, debe ser “objeto de una especial protección”. El tribunal considera que existen pocos cauces de expresión de acceso al espacio público y que por ello amplios sectores de la sociedad tienen “una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social”.
“Resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo”, dice la sentencia.
