La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a raíz de la denuncia que presentó el exjefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega contra la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el exministro Jorge Fernández Díaz; el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y el excomisario José Manuel Villarejo por los presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y revelación de secretos en la Operación Catalunya.
A la vez que ha acordado abrir la investigación, la Fiscalía de Barcelona ha decidido enviarla a la de Madrid porque cree que es quien tiene la competencia territorial para hacerlo, informa Europa Press.
La denuncia, interpuesta por el abogado Jordi Pina, hace referencia a los audios publicados por el digital 'El Món' durante las últimas semanas sobre la Operación Catalunya, en la que mandos de Policía Nacional, del Gobierno de entonces, dirigentes del PP e incluso periodistas “se concertaron para elaborar un plan” a partir de 2012 contra el independentismo.
La denuncia menciona la reunión entre el excomisario Villarejo y la exlíder del PP de Catalunya Alicia Sánchez-Camacho, el 6 de noviembre de 2012, pocos días antes de las elecciones autonómicas de ese mismo año, donde la dirigente popular le situó en una “lista negra” de personas que debían ser investigadas.
El escrito asegura que Ortega fue cesado sorpresivamente por el Ministerio del Interior y trasladado arbitrariamente a Teruel, aunque al final “aceptó Zaragoza como mal menor”, por sus supuestas connivencias con el independentismo y vínculos con personas de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
La denuncia de Ortega considera que su cese formaba parte de la “campaña de acoso y derribo a todo aquel que estuviera relacionado con el movimiento independentista”. Ortega destaca que Fernández Díaz le envió “sorprendente y arbitrariamente” a Teruel como comisario provincial tras su cese, pese a que finalmente “el denunciante aceptó Zaragoza como mal menor”, aunque recurrió la decisión, al asegurar que su traslado “era ilegal”.
Fernández Díaz nombró en su lugar a su amigo Agustín Castro Abad que, según la denuncia, “compartía una arraigada fe católica” y rezaban juntos en la misma parroquia, aunque eéste causó baja “aquejado de una profunda depresión” a escasas horas de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Según los audios que forman parte de la denuncia, Sánchez-Camacho le explicó a Villarejo que el exjefe superior tenía “un montón de connivencias” con el independentismo, lo que suponía “un problema añadido porque Narciso [Ortega]” era “íntimo” del exconseller de Interior Felip Puig.
“La vuelta de Narciso, con toda la gente que tiene aquí sometida e infiltrada en la policía, será la pieza clave que tenga Puig aquí metida en la policía”, recoge uno de los audios que se aportan en la denuncia. Destaca también que se le sometió a una vigilancia “ilegal”, puesto que “no estaba inmerso en ninguna causa judicial y por tanto no podían existir órdenes de seguimiento autorizadas por algún juzgado”.