¿Se puede investigar la Operación Catalunya? La pregunta ha recibido este lunes dos respuestas opuestas. La Fiscalía Superior de Catalunya indagará en las maniobras de la brigada política del PP para desprestigiar a su exjefe, el fiscal Martín Rodríguez Sol. A 600 kilómetros de distancia, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en línea con lo que ha venido defendiendo estos años la Fiscalía Anticorrupción, ha insistido en su oposición a investigar otro capítulo de la trama, el relativo a las maniobras en Andorra para conseguir las cuentas de la familia Pujol. El rechazo se suma a la negativa de diferentes tribunales a admitir las denuncias de varios afectados por la trama.
El decreto firmado por el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, supone la primera investigación formal a cargo del Ministerio Público a raíz de las revelaciones de la pasada semana publicadas en elDiario.es y La Vanguardia, que con documentos y fuentes inéditas detallaron el funcionamiento de la trama que anidó en el Ministerio del Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.
La brigada política llevó a cabo investigaciones prospectivas prohibidas por la ley no solo contra independentistas sino contra todo aquel que no se alineara con el PP a la hora de combatir el procés. Para muestra, el caso del exfiscal superior Rodríguez Sol, que en 2012 quiso investigar si era falsa la publicación en El Mundo de que un informe de la Policía vinculaba “cuentas en Suiza” de Artur Mas y Jordi Pujol con el caso Palau de financiación irregular de Convergència. La consecuencia fue aparecer en los documentos de los objetivos a seguir de la trama.
El informe (en realidad, un borrador del que nadie se ha responsabilizado) resultó ser una de las publicaciones nacidas en el seno de la brigada política del PP en su guerra sucia contra el independentismo. El juez instructor del caso Palau desmintió de inmediato haber encargado ningún documento a la Policía. Dos comisarios de la trama incluso plantearon al fiscal del caso un registro en la sede de Convergència en vísperas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012.
En su decreto de este lunes, la Fiscalía quiere investigar “el indisimulado objetivo de desacreditar a la entonces máxima autoridad fiscal” en Catalunya “por el simple hecho” de manifestar “su intención de investigar presuntos delitos cometidos desde el Ministerio del Interior en el curso de investigaciones seguidas contra algunos líderes del movimiento independentista catalán”.
En círculos jurídicos barceloneses se ha seguido con interés la apertura de diligencias. En especial, por la reputación y prestigio que Rodríguez Sol mantiene en Catalunya tanto en sectores judiciales y fiscales conservadores –de los que procede– como progresistas.
Su renuncia como fiscal superior en 2013, empujado por la Fiscalía General del Estado por rechazar en una entrevista la consulta soberanista del Govern pero recomendar cambios legales para conocer la voluntad de los ciudadanos, ya causó una indignación reavivada a raíz de la constatación, casi una década después, de que fue víctima de la Operación Catalunya. Precisamente el paso del tiempo y la eventual prescripción de los delitos se perfilan como dos de los posibles obstáculos a las diligencias abiertas este lunes.
Además de recabar la documentación desvelada por elDiario.es y La Vanguardia, la Fiscalía Superior de Catalunya ha encargado a la Policía que averigüe qué funcionarios redactaron el informe que pidió investigar a Rodríguez Sol por sus “vínculos” con Unió Democràtica de Catalunya y “las comisiones gestionadas por los abogados” del partido.
Esta afirmación sin pruebas del documento que circuló por Interior nunca llegó a judicializarse. Tampoco hay indicio o prueba alguna de que Rodríguez Sol tuviese ninguna relación con la financiación ilegal de Unió, formación ya extinta de la que en 2015 formaría parte de sus listas a las elecciones al Parlament.
El muro de los Pujol
Mientras en Barcelona el Ministerio Público daba luz verde a su primera investigación este lunes, en Madrid el juez Manuel García Castellón rechazaba, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, indagar en una de las maniobras de la brigada política de las que más rastros quedan: el intento de chantaje a directivos de la banca andorrana BPA para obtener datos bancarios de la familia Pujol Ferrusola.
La negativa es la misma que, de parte de otros tribunales, han recibido cinco objetivos de la Operación Catalunya (el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, el exconseller de Economía Jaume Giró, el exjefe de la Policía en Catalunya Narciso Ortega, la familia Sumarroca y los banqueros de la entidad andorrana BPA). Todas sus denuncias han sido archivadas en los últimos años menos la de los Sumarroca, que está inactiva tras un viaje procesal de más de un año entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los juzgados de Plaza Castilla de Madrid.
El auto, redactado este lunes por el juez García Castellón horas después de que elDiario.es informara de que estaba pendiente desde hacía dos años, es más parco en explicaciones que la primera negativa del magistrado a la petición de Jordi Pujol Ferrusola para abrir una investigación dentro del caso Villarejo sobre la Operación Catalunya.
Tanto la primera como la segunda negativa del juez coinciden en apoyarse en los argumentos que la Fiscalía Anticorrupción aportó para negarse a investigar la Operación Catalunya en el caso Villarejo. El rechazo supone un intento de blindaje a la causa sobre el origen de la fortuna de los Pujol pendiente de juicio desde hace años, y que la familia quiere desmontar mediante los indicios de que la Policía obtuvo sus datos bancarios de forma ilegal antes de que fueran formalmente solicitados por la Justicia.
La negativa del juez García Castellón y de Anticorrupción a abrir una investigación se produce pese a que, en sus resoluciones, el magistrado, apoyado en las tesis fiscales, reconoce que cuatro de las 'notas informativas' de Villarejo que forman parte de la macrocausa sobre los negocios del comisario sí podrían ser consideradas como evidencia de la comisión de hechos delictivos contra la familia Pujol. Cabe recordar además que esas notas no han aparecido en la causa de los miembros de la familia del expresident, pero sí sirvieron para elaborar los pseudoinformes que se publicaban en medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.
Sin embargo, el magistrado rechaza investigar las notas que reconoce como indicios de delito porque la “actividad delictiva” se habría desarrollado en Andorra y una jueza del principado ya lo investiga. Es decir, para el juez García Castellón, al haber una causa abierta en Andorra (en vía muerta debido al freno que la Justicia española ha puesto a colaborar con la jueza del principado), no se pueden investigar en España las maniobras de la brigada política del PP contra los Pujol.
Todo ello pese a que en el recurso de Jordi Pujol Ferrusola, su letrado Albert Carrillo había enumerado la jurisprudencia que no impediría a la Audiencia Nacional investigar los hechos en paralelo a la jueza andorrana. Sustentado el recurso ante el juez García Castellón, la defensa puede insistir ahora ante la Sala de lo Penal.