Movimientos en el caso del 25% de castellano impuesto por la Justicia en una clase de P5 de un colegio de Canet de Mar. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para valorar si tienen relevancia penal los tuits amenazantes de dos usuarios de la red social contra la familia del menor que pidió más clases en castellano, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha requerido al conseller de Educación y a la dirección del centro a que tomen “las medidas necesarias” para asegurar “la normal convivencia y el pacífico desarrollo del entorno educativo”.
La investigación, que se encuentra en un estado prematuro, se ha abierto a raíz de las denuncias presentadas ante la Fiscalía por parte del partido de extrema derecha Vox y la entidad Hablamos Español contra los tuits contra la familia que escribieron dos usuarios, el mosso d'esquadra Albert Donaire y el exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Jaume Fàbrega.
“Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Catalunya. No queremos supremacistas castellanos que nos odian”, escribió Fàbrega, en tuit que posteriormente borró. El exprofesor, un conocido gastrónomo, cuenta con un historial de salidas de tono en las redes. En 2018 dimitió como profesor de la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera al asegurar que el partido Ciudadanos era “el cáncer de Catalunya”.
Por su lado, Donaire escribió un tuit en el que pidió que el menor de la clase de P5 de Canet de Mar que desde este jueves imparte el 25% de clases en castellano se encontrara “absolutamente solo” en el aula. “En las horas que se hacen en castellano, los otros niños deberían salir de la clase. Reaccionemos o nos matan la lengua”, apostilló Donaire, de profesión mosso d'esquadra y que expresa sin filtros sus posiciones abiertamente independentistas en las redes sociales. Después del tuit Donaire pidió disculpas y se declaró contrario al acoso escolar.
La difusión de estos tuits provocó que la Generalitat, desde inicios de esta semana, hiciera reiteradas llamadas a la calma. La última la realizó este jueves el conseller de Educación, Josep González Cambray, desde las puertas de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, que este jueves empezó a aplicar el 25% de clases en castellano en un grupo de P5 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Pese a las críticas a la decisión judicial, tanto la Generalitat como la dirección del centro y las familias partidarias de mantener la inmersión han acatado con resignación la decisión judicial, si bien han lamentado que la posición de una sola familia contra la inmersión obligue a variar todo el modelo lingüístico de un curso.
Tras la demanda presentada por una única familia, el TSJC obligó al centro a impartir el 25 % de las materias en lengua castellana en una clase de P5, lo que se debe empezar a aplicar este jueves. El tribunal seguía así la senda que, según datos de la Generalitat, ha aplicado en otros 80 casos de demandas individuales de familias contrarias a la inmersión lingüística.
Al margen de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, el TSJC ha requerido al conseller de Educación y a la dirección del centro de Canet a que tomen “las medidas necesarias” para preservar la identidad del menor y su familia así como para asegurar “la normal convivencia y el pacífico desarrollo del entorno educativo”.