La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional que José María Macías, el último magistrado en incorporarse al pleno, sea apartado de las deliberaciones que tengan que ver con la ley de amnistía, a la que se ha opuesto públicamente en el último año. El Ministerio Público entiende que Macías no puede ser el ponente del recurso del Partido Popular porque en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial tuvo “participación directa” en “actuaciones oficiales” del Consejo contra la amnistía, por ejemplo emitir un informe en su contra, que para la Fiscalía supone “una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica” valoración de la ley.
La Fiscalía ha presentado esta recusación, firmada por el fiscal general Álvaro García Ortiz, contra Macías en el primer asunto relacionado con la amnistía que ha tenido que estudiar: la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sus argumentos son, sin embargo, aplicables a las 20 impugnaciones que se han presentado contra la norma, entre ellas por el propio PP, recurso del que es ponente Macías.
En su época como vocal del CGPJ, Macías se puso al frente de un grupo de vocales que se opuso activamente, entre otras medidas del Gobierno, a esta ley de amnistía, forzando la emisión de un informe contrario que no les había sido solicitado en un primer momento. Participar en ese informe, según la Fiscalía, fue “un acto genuinamente propio del desempeño del cargo público que ostentaba” y con el que “participó directamente en el asunto objeto del pleito o causa”. La participación de Macías no fue algo “puramente formal”, dice la Fiscalía, sino que es “palmaria”.
La Fiscalía no se centra en sus opiniones públicas contrarias a la amnistía vertidas en entrevistas y distintas intervenciones. “Algo insólito en la democracia española”, dijo en una entrevista. “No busca el interés general, sino el de Sánchez”, afirmó en otra. El pasado mes de marzo llegó a deslizar la posibilidad de reformar la ley para que la tramitación de la amnistía tenga consecuencias penales para sus responsables. También ha cuestionado que la vía más efectiva para analizar la amnistía sea, precisamente, la que ahora tiene que ejercer él como ponente del recurso del PP contra la amnistía.
El Constitucional ha recibido más de 15 recursos de inconstitucionalidad presentados tanto por el PP como por las comunidades autónomas que gobierna, algunos parlamentos regionales y Castilla-La Mancha. La primera impugnación en ser admitida a trámite fue la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por el momento la única abstención aceptada para estas deliberaciones había sido la presentada por el exministro Juan Carlos Campo.
Su postura claramente contraria a la amnistía y su participación en su oposición a la norma cuando era vocal del Consejo, zanja la Fiscalía, implica “la inevitable imagen de formación de un sólido prejuicio sobre cada una de las dudas sometidas a la Jurisdicción constitucional, que ahora le corresponde ejercer”. Por el momento, tal y como explicó elDiario.es, Macías no solo no se ha apartado sino que ha empezado a tramitar el recurso del PP de cara a su posible admisión a trámite. La Fiscalía recuerda que el propio magistrado se ha apartado en los últimos días de un recurso relacionado con una decisión del pleno del Consejo del Poder Judicial en materia disciplinaria cuando él era vocal.