La Fiscalía pide apartar al ultraderechista que asesinó a Yolanda González contratado por Laura Borràs como perito

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha encargado a Emilio Hellín –ahora llamado Luis Enrique– el informe pericial clave para su defensa en el juicio por corrupción que afrontará en los próximos meses. Hellín, que fue integrante de la ultraderechista Fuerza Nueva, fue condenado por el secuestro, tortura y asesinato en 1980 de la joven estudiante de 19 años Yolanda González, un crimen que conmocionó a la España de la Transición.

La aparición de Hellín como perito en la causa de Borràs ha encendido las alarmas de la Fiscalía, que ha pedido al juez que lo expulse de la investigación. “Quien ha transgredido la ley y el derecho de esta forma no puede ser considerado como cooperador válido en ningún acto o efecto de la Justicia”, expone el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso elDiario.es.

Fuentes de la defensa de Borràs han explicado que no han sido notificados de la solicitud de la Fiscalía. El Ministerio Público, que pide seis años de cárcel para Borràs, no ha puesto tacha alguna en el otro perito que ha realizado junto a Hellín el informe pericial de la defensa sobre los correos electrónicos del caso, la principal prueba de cargo contra la líder de Junts.

La Audiencia Nacional condenó a Hellín en 1982 a 43 años de cárcel por disparar dos tiros que segaron la vida de Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, bajo el pretexto erróneo de que era miembro de ETA. En 1987, aprovechando un permiso penitenciario, Hellín se fugó a Paraguay, donde la Interpol lo detuvo en 1989. Un año después fue entregado a España e internado de nuevo en prisión.

Tras seis años más entre rejas, Hellín obtuvo el tercer grado en 1995 y un año más tarde formalizó ante el Registro Civil la modificación en su nombre de pila, tal y como desveló El País. De Emilio pasó a Luis Enrique. No fue el único cambio una vez fuera de prisión. A nivel laboral, Hellín empezó a trabajar como perito judicial experto en análisis informático. 

Según explica el propio Hellín en el currículum que adjunta al informe sobre los correos del caso Borràs, su experiencia como perito judicial incluye decenas de investigaciones. Entre las causas que menciona destacan el caso Malaya de corrupción en Marbella, el caso Bretón de asesinato de unos niños de Córdoba por parte de su padre o el caso Villarejo. También destaca Hellín que imparte cursos forenses para los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y las policías de Perú, Venezuela o Marruecos. Fuentes de la conselleria de Interior desmienten a Hellín y aclaran que el perito no realiza ningún curso formativo para la policía catalana.

No es la primera controversia por su condición de perito en la que se ve inmerso Hellín. En 2018 el juez lo expulsó del caso Taula tras ser contratado por una de las defensas con el objetivo de anular las grabaciones de la Guardia Civil en la investigación sobre la financiación ilegal del PP de la ciudad de València. A raíz de este caso, familiares y amigos de Yolanda González exigieron que su asesino dejara de asesorar a la Justicia y a los cuerpos de seguridad.

El informe de Hellín, clave para la defensa

En el caso de Borràs el informe que firma Hellín busca el mismo resultado que persiguió en València: anular las pruebas que incriminan a la líder de Junts. Se trata de los correos electrónicos que los Mossos d'Esquadra obtuvieron de los ordenadores de otro de los acusados del caso, el amigo de Borràs Isaías H., a quien la dirigente independentista concedió a dedo varios contratos menores en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

“El presupuesto tiene que quedar como si fuéseis profesionales independientes por los totales, que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000+IVA. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente”, escribió la presidenta de Junts a Isaías H.

Los Mossos d'Esquadra obtuvieron los correos electrónicos del ordenador de Isaías H. en una entrada y registro en su domicilio en el marco de otra causa en la que el amigo de Borràs estaba investigado por falsificación de moneda y tráfico de drogas. Fueron precisamente los indicios obtenidos por la policía catalana en ese caso inicial los que posibilitaron que la Justicia abriera otra causa distinta relativa a los contratos en la ILC.

Hellín y el otro perito contratado por Borràs concluyen en su informe que los correos electrónicos de Isaías H. se obtuvieron sin aval judicial y que tampoco se respetó su cadena de custodia, lo que convierte a los mensajes en una prueba ilegal que no se puede usar para condenar a nadie. De avalar el tribunal las tesis de los peritos de la defensa, el camino hacia la absolución de Borràs se vería en buena medida allanado.

Según el informe pericial de Hellín, ni los Mossos d'Esquadra ni el juez pidieron ni autorizaron la obtención de los correos electrónicos de Isaías H. Tanto las solicitudes policiales al instructor como los posteriores autos judiciales, abunda el dictamen, se limitaban a la intervención de las webs y bases de datos de las webs que Isaías H. confeccionó para la ILC. Pero en ningún caso se dio permiso para que los agentes accedieran y copiaran los correos de Isaías H., apostilla el documento de la defensa.

Es más, el dictamen asegura que además de obtenerse sin aval judicial, los Mossos d'Esquadra tampoco aplicaron ningún sellado a los mensajes, lo que supuso que se entregaron al juez “sin un sistema que garantizara la cadena de custodia e inalterabilidad” de los mismos. En consecuencia, “no es posible verificar la autenticidad e integridad de los 44 correos”, concluye el informe de Hellín.

La Fiscalía, en contra

En su petición para apartar a Hellín del caso, la Fiscalía argumenta que las periciales son un tipo de pruebas científicas que auxilian a los tribunales, por lo que se no solo se precisa que sus firmantes tengan la “titulación adecuada”, como es el caso de Hellín, sino que también “se debe controlar la idoneidad de las personas que como peritos se presentan, sus antecedentes y la calidad del trabajo realizado”.

“En definitiva –abunda la Fiscalía–, adquirir el convencimiento de que la persona que transmite los conocimientos es apta para realizarlo tanto por su trayectoria profesional como personal”. Y es este segundo punto en el que la Fiscalía ve problemas debido a los antecedentes de Hellín. A juicio de la fiscal, la condena por asesinato de Hellín “condiciona la fiabilidad y credibilidad de las conclusiones que pretende transmitir”, sobre todo cuando “se le quiere situar en condiciones de igualdad” con las pruebas periciales de la acusación elaboradas por peritos informáticos de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil.

Remarca además la fiscal que la “integridad” de los peritos policiales de ambos cuerpos “no se ha puesto en duda” ni por los distintos jueces instructores del caso ni por la Fiscalía, y que las defensas tampoco “han aportado un mínimo de actividad probatoria que permita cuestionar su labor”.

“No parece que una persona [Hellín] con los antecedentes y hechos publicados pueda aportar un informe a la causa que disponga de credibilidad y aptitud, pues no solo fue condenado por delitos graves sino que también habría sido un prófugo de la Justicia”, apostilla la fiscal, que pide al juez instructor corroborar mediante peticiones al Registro Civil y la Dirección General de la Policía el cambio de nombre del perito y la aportación de los antecedentes penales de Emilio y Luis Enrique Hellín.