Cinco de los nueve presos del procés han vuelto este martes a un régimen carcelario duro, sin tercer grado ni salidas diarias para trabajar. La jueza de vigilancia penitenciaria 5 de Catalunya ha atendido la petición de la Fiscalía y ha suspendido el tercer grado, equivalente a la semilibertad, de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn. Previsiblemente el resto de jueces tomará la misma decisión en las próximas horas o días para Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa.
Los acontecimientos se han precipitado este martes influenciados por la decisión del Supremo del pasado jueves de tumbar las salidas tres días a la semana de prisión de Forcadell que la Generalitat le concedió estando en segundo grado mediante la aplicación del artículo 100.2 del reglamento. El Alto Tribunal ya anticipaba una próxima revocación del tercer grado así como del 100.2 del resto de presos.
La Fiscalía ha recurrido este martes el tercer grado, equivalente a la semiliberad, que la Generalitat otorgó a los nueve presos del procés, y ha pedido a los jueces de vigilancia penitenciaria que lo suspendan mientras deciden el fondo del recurso. La jueza de vigilancia penitenciaria 5, encargada de los presos de Lledoners, no ha tardado ni dos horas en aceptar la petición de los fiscales y suspender el tercer grado.
De esta forma, los presos han disfrutado tan solo dos semanas de su clasificación en tercer grado, que les permitía ir a prisión solo a dormir entre semana y pasar el fin de semana en casa. Ahora todo cambia y no solo no vuelven al 100.2, con el que podían salir a diario de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar de familiares, sino que vuelven a un segundo grado ordinario.
En la práctica, la resolución de la jueza implica que Junqueras, Cuixart, Forn, Sànchez y Romeva vuelven a su situación penitenciaria del pasado mes de octubre, cuando fueron condenados por sedición: prisión estricta sin flexibilización alguna. Además, solo Cuixart, Forn y Sànchez han cumplido un cuarto de la pena y por lo tanto son los únicos que pueden disfrutar de permisos –con el segundo grado, 36 días al año.
La suspensión del tercer grado es cautelar. La jueza todavía no ha decidido sobre el fondo de la cuestión, pero ha decidido suspender la semilibertad al aceptar la tesis fiscal de que la mera presentación del recurso es suficiente para frenarla. Pese a que la literalidad de la ley establece que el tercer grado se suspende al presentar recurso ante la segunda instancia –el Supremo, en el caso de los presos del procés– la jueza ha avalado la petición de la Fiscalía para “extender” la suspensión de la semilibertad al recurso en primera instancia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.
Los cinco presos han reingresado esta misma tarde en la prisión de Lledoners y ya no podrán volver a salir bien hasta que la jueza enmiende la suspensión cautelar de este jueves y avale el tercer grado –algo improbable– bien hasta que la Junta de Tratamiento de la cárcel apruebe otro 100.2, para lo que podrían pasar varias semanas.
¿Y qué pasa con los otros cuatro presos? Fuentes fiscales han precisado que los recursos contra el tercer grado de Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa se presentarán en los próximos días. En el caso de Forcadell, sí se ha presentado recurso, pero el juez de vigilancia penitenciaria 1 todavía no ha decidido si suspende el tercer grado. Salvo sorpresa, todos los magistrados lo dejarán sin efecto y los cuatro presos seguirán la suerte de sus compañeros.
Tercer grado “prematuro” y generador de “impunidad”
Los recursos de la Fiscalía versan sobre una misma premisa: la concesión del tercer grado es “prematura”, genera “sensación de impunidad” y “vacía el contenido” de la sentencia del Tribunal Supremo. Entiende la Fiscalía que es demasiado pronto para que los presos del procés acceda a la semilibertad habida cuenta del poco tiempo de cumplimiento de la condena –pese a que llevan casi tres años en prisión– y de que sus salidas laborales y para hacer voluntariado no están relacionadas concretamente con el delito de sedición por el que fueron sentenciados.
En síntesis, lo que pide la Fiscalía es que los líderes independentistas pasen más tiempo entre rejas. Solo ésta puede ser la receta, a criterio de los fiscales, para que los presos “reconozcan el delito” y “superen las distorsiones” que les llevaron a promover el referéndum del 1-O y declarar de forma unilateral la independencia. “El internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley”, razona la Fiscalía en sus escritos.
Los informes de los profesionales de las prisiones ponen de manifiesto que tanto los presos que ostentaban cargos políticos como los líderes sociales reconocen los hechos por los que fueron condenados, asumen su responsabilidad y que incluso algunos reniegan de la vía unilateral y admiten que podrían haber actuado de otra forma. Para la Fiscalía no es suficiente.
“Reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito”, sostiene el Ministerio Público, ya que “se puede reconocer lo que se ha hecho pero entender que es una actuación legítima y ajustada a derecho” tal y como, a su juicio, ocurre en el caso de los presos del procés.
¿Qué deben hacer los presos antes de aspirar al tercer grado, a criterio de la Fiscalía? Además de “reconocer el delito” y pasar más tiempo en prisión como “medio de utilidad social y de intimidación general” para prevenir eventuales sediciones, para el Ministerio Público es necesario que los presos participen en un programa específico sobre la sedición, postura avalada por el Tribunal Supremo que los jueces catalanes veían contraria a la libertad ideológica de los presos.
El tratamiento debe servir, apuntan los fiscales, para que los presos modifiquen las “distorsiones que les llevaron a delinquir”. El Ministerio Público concreta dichas “distorsiones” a corregir en el “convencimiento” de los presos “de que han hecho lo correcto”, la “creencia” de que “pueden arrogarse la capacidad de interpretar popular” así como el hecho de que piensan que existe “un mandato superior del Parlament por encima de la legalidad constitucional”.
Así, el programa específico de tratamiento, más allá de la reflexión que los presos vienen haciendo desde su entrada en prisión sobre los hechos del procés, debe servir, reiteran los fiscales, para que los líderes independentistas “se conviertan en personas que tengan la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal”.
Más concretamente, la Fiscalía cree que los presos del procés deben “comprender” que para alcanzar la independencia “no hay otra vía que la modificación legislativa por las vías legales”, algo que los internos, añade el Ministerio Público, no han interiorizado a día de hoy pues siguen creyendo “en un mandato superior del Parlament por encima del mandato constitucional y las resoluciones judiciales”.
Por contra, la Fiscalía argumenta que en el caso de los presos del procés no es necesario trabajar ni sus lazos familiares ni su reinserción social mediante el tercer grado pues, al contrario que el común de los presos, antes de delinquir ya estaban “plenamente integrados” en la sociedad, ocupaban posiciones de poder en la misma y ya disponían de “familia y contactos sociales normalizados”.