Rechazar un pacto con la Fiscalía tiene consecuencias aunque la acusada sea Shakira. El Ministerio Público ha formalizado este viernes su escrito de acusación, en el que reclama ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros para la artista por seis delitos fiscales después de que la cantante rompiera las negociaciones para alcanzar un acuerdo. La artista ya devolvió los 14,5 millones de euros defraudados a través de varios paraísos fiscales.
La imagen de Shakira entrando en prisión sigue siendo más que improbable a día de hoy pese a la contundente petición de la Fiscalía de delitos económicos de Barcelona. El destino final de la mayor parte de juicios por fraude fiscal de grandes fortunas es el pacto entre acusaciones y defensas, ya que la prioridad es la reintegración del dinero evadido y no el ingreso en la cárcel.
Para lograr un acuerdo Shakira tendrá que admitir el fraude relatado por la Fiscalía. En esencia, el Ministerio Público mantiene que la cantante eludió el pago del IRPF y el impuesto de Patrimonio entre 2012 y 2014 pese a saber que estaba obligada a tributar en España al residir más de la mitad del año en nuestro país, donde ya vivía en la casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué a través de una sociedad.
Según la Fiscalía, en 2012, 2013 y 2014 Shakira pasó más de 183 días al año en España, lo que la convertía en residente fiscal. Las únicas estancias fuera de España de Shakira durante esos años fueron, en esencia, para ejercer de jurado en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
Al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial” a la Hacienda española, “con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador”, remarca la fiscal Carmen Martín. Pero la cantante tenía otros planes, a criterio del Ministerio Público.
“Con el deseo de no tributar”, expone la fiscal, Shakira “utilizó un entramado societario” en distintos paraísos fiscales para ocultar sus rentas a Hacienda y “dejar de ingresar” un total de 12,3 millones en IRPF y 2,2 millones correspondientes al impuesto de Patrimonio.
El plan de Shakira para no pagar consistió básicamente en tributar a través de varias sociedades en paraísos fiscales como Holanda, Malta, Luxemburgo o las Islas Vírgenes Británicas en vez de hacerlo personalmente donde le tocaba, es decir, ante la Agencia Tributaria española (para el IRPF) y la catalana (para el impuesto autonómico de Patrimonio).
Todas estas sociedades en paraísos fiscales, recalca la fiscal, “carecían de medios materiales y personales para realizar actividad alguna” sus gastos tan solo responden a la gestión de los despachos especializados en fiscalidad de grandes fortunas. “El único objetivo de las sociedades era ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio” de Shakira, apostilla la fiscal.
Al haber ya devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, la Fiscalía aplica a Shakira la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena que podría corresponderle por seis delitos contra la Hacienda pública, cada uno de ellos castigado con penas de hasta seis años de prisión.
Aunque termine pactando, la artista protagonizará la imagen que quería evitar a toda costa: sentarse en el banquillo de los acusados. Y no podrá entrar por el aparcamiento para evitar las cámaras, como hizo en su declaración en instrucción. Todavía faltan meses para el juicio, que no tiene ni fecha. Pese a que se despachó con dureza contra la Fiscalía y Hacienda, Shakira aún podría pactar con el Ministerio Público y el resto de acusaciones hasta el mismo día del juicio, que se convertiría, en caso de acuerdo, en un breve acto para ratificarlo.
De no retomarse y fructificar las negociaciones, sería uno de los pocos juicios por fraude fiscal de grandes fortunas que no se saldan con una conformidad. La excepción más reciente en Barcelona es la de Leo Messi, que terminó condenado a 21 meses de cárcel por defraudar 4,1 millones a Hacienda, aunque solo lo acusaba la Abogacía del Estado y no Hacienda. Otros futbolistas como Eto'o o Adriano, la soprano Montserrat Caballé o el abogado Emilio Cuatrecasas sí pactaron, aceptaron una condena menor y pagaron una multa.