La reforma de la malversación pactada entre ERC y el Gobierno ha vuelto a fracasar en su intento de beneficiar a los independentistas. La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación por el 1-O contra dos de los estrechos colaboradores de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, a los que pide siete y seis años y tres meses de cárcel respectivamente al mantener el mismo delito de malversación agravada anterior a los cambios en el Código Penal.
La acusación contra Jové y Salvadó ha suscitado reacciones opuestas en PSOE y ERC, partidos promotores de la reforma de la malversación. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tildado de “venganza” el escrito fiscal, mientras el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha remarcado, en respuesta a PP y Vox, que el escrito de este viernes muestra que los cambios en el Código Penal no “despenalizan” la intentona soberanista de 2017.
Además de los años de cárcel, la Fiscalía pide para Jové y Salvadó 32 y 27 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, multas por valor de 30.000 y 24.000 euros y una indemnización conjunta de 754.920,89 euros por el “perjuicio patrimonial” causado al Estado por organizar el 1-O.
Pese a que también podía acusar de revelación de secretos, delito que contempla penas de hasta cinco años de cárcel, el Ministerio Público no lo ha hecho. Los años de cárcel que la Fiscalía pide para Jové y Salvadó se verán reducidos en una eventual condena, ya que la causa, iniciada en 2016, acumula un amplio periodo de retraso a la espera de juicio.
A la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, también colaboradora de la Vicepresidencia que ocupaba Junqueras en 2017, la Fiscalía le pide un año año de inhabilitación al estar acusada solo de desobediencia, delito que no conlleva penas de cárcel.
Con los presos ya indultados, Jové y Salvadó eran de los nombres que ERC tuvo más en mente a la hora de plantear la reforma del Código Penal. Además de diputados en el Parlament, de la treintena de cargos que esperan todavía juicio por el procés ambos son de los que tienen más peso político y orgánico: Jové es uno de los negociadores habituales con el PSOE, mientras Salvadó ha sido designado recientemente presidente del Puerto de Barcelona.
Durante la organización del referéndum, ambos ocuparon puestos clave en la conselleria de Economía que encabezaba Junqueras: Jové fue su mano derecha y ocupó la secretaría general del departamento, mientras Salvadó fue el secretario de Hacienda.
La malversación no se toca
Tanto el Supremo en la causa del procés sobre los exconsellers como la Fiscalía, en su caso para evitar rebajas de condenas en casos de corrupción, habían marcado un criterio restrictivo sobre la reforma de la malversación contrario a las intenciones políticas de ERC. Ese mismo criterio es el que sigue la Fiscalía Superior de Catalunya en su escrito.
El teniente fiscal catalán, Pedro Ariche, destaca que Jové “dispuso, como si fueran propios”, fondos públicos de la Generalitat para la votación pese a saber que estaba suspendida por parte del Tribunal Constitucional. Con estas palabra el Ministerio Público esquiva las otras dos definiciones de malversación “sin ánimo de lucro” que PSOE y ERC idearon pensando en el procés, pero que son inaplicables para la Fiscalía.
Pese a que el Constitucional suspendió la consulta, Jové “dedicó su actividad, de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud, a coordinar las actividades ejecutivas precisas para materializar” la votación.
Enumera el fiscal una serie de gastos que el Supremo ya consideró malversación, lo que dificulta sobremanera la defensa de Jové y Salvadó en el juicio. Entre ellos destacan la publicidad institucional relacionada con el referéndum (3,4 millones), y el suministro de sobres y papeletas (979.661,96 euros).
Jové tuvo “directa participación” en estos “ilícitos compromisos” de fondos públicos, si bien el teniente fiscal destaca que no todos pudieron materializarse bien porque varias empresas rechazaron emitir y publicitar los anuncios bien porque la Guardia Civil intervino sobres y papeletas antes del 1-O.
La “estrategia” para malversar, destaca el teniente fiscal, consistió en “diluir la responsabilidad individual” de autorizar los gastos mediante la actuación de varios departamentos de la Generalitat y “dificultar así cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado”.
La Fiscalía sostiene además que Jové y Salvadó “tomaron la decisión ejecutiva de llevar a la práctica las programadas estructuras de Estado” y conseguir “una suficiente financiación” para cuando Catalunya alcanzara la independencia, en especial mediante el impulso de la Hacienda catalana.
Jové: “Miserables”
Las reacciones políticas a la petición fiscal no se han hecho esperar. En un tuit, Jové se ha despachado contra el Ministerio Público: “Miserables, malas personas y sobre todo mucha cobardía”. Por su lado, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha tildado de “sesgada hacia la extrema de derecha” la petición de penas, mientras el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciado el “ánimo vengativo” en la Justicia.
Lectura opuesta han hecho desde el Gobierno. “Los hechos de 2017 eran delito y lo siguen siendo en 2023”, ha destacado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha cargado contra el PP por sus críticas a la reforma de la sedición y la malversación. “La pregunta es para quienes dijeron que se despenalizaban esos hechos”, ha enfatizado.