La Fiscalía Anticorrupción ha aportado a la Audiencia de Barcelona un listado de 42 locales propiedad de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), algunos de ellos sedes del PDeCAT o de las juventudes posconvergentes, con el objetivo de que sirvan para que el partido devuelva los 6,6 millones que cobró en comisiones ilegales en el caso Palau.
En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía argumenta que existe una “identidad sustancial” entre ambas formaciones habida cuenta de que una treintena de sedes del PDeCAT están ubicadas en locales de los que Convergència era titular en 2018, según el catastro. La defensa de Convergència ya ha presentado al tribunal un escrito de oposición a la petición de la Fiscalía.
La solicitud de Anticorrupción se produce en el marco de la ejecución de la sentencia del caso Palau. Los tres principales condenados, los exdirigentes y saqueadores del auditorio, Fèlix Millet y Jordi Montull, y el extesorero de CDC Daniel Osàcar, permanecen en prisión desde finales de junio. Además de las penas de prisión, los condenados, entre ellos Convergència como responsable civil, tienen que pagar multas millonarias y devolver el dinero expoliado.
Millet y Montull, que tienen todos los bienes embargados, deben devolver conjuntamente al Palau 23 millones que saquearon. Al margen de los embargos, Montull ha propuesto abonar 500 euros al mes al Palau para resarcir su parte del saqueo. Por su lado, Millet ha solicitado al tribunal que le dé un plazo de un mes antes de ejecutar los embargos para acordar con el Palau un “plan de pagos consensuado”.
En el caso de Convergència, la sentencia estableció el decomiso al partido de los 6,6 millones de euros que, a través del Palau, cobró en comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. La situación del partido, en liquidación judicial tras presentar concurso de acreedores, podría no obstante dificultar el decomiso.
La Fiscalía no quiere esperar y por ello ha presentado ante el tribunal un escrito por el que pide “la localización y realización de todos los bienes, locales y sedes de Convergència Democràtica de Catalunya con la finalidad de hacer efectivo el decomiso total acordado” de 6,6 millones.
Se basa la Fiscalía en un listado de propiedades efectuado hace dos años por parte de la Guardia Civil en la causa del 3% de la Audiencia Nacional y que sirvió para que el juez imputara como partido al PDeCAT además de a Convergència en una causa en la que se investiga si el partido recibió comisiones a cambió de obra pública. El magistrado José de la Mata apuntó que que el PDeCAT podría suponer “un simple cambio de apariencia” de CDC para que “eludir las responsabilidades que hubiera podido incurrir” en la investigación del 3%.
En su informe, la Guardia Civil concluyó que de los 42 locales propiedad de Convergència 37 “estaban siendo utilizados por el PDeCAT” o por las juventudes del partido y que en 21 de ellos CDC seguía figurando como titular de la línea de telefonía fija.
En la relación de locales que la Fiscalía ha aportado tribunal figuran las quince sedes que el partido ya tiene embargadas desde hace años para cubrir sus responsabilidades en el caso Palau. Se trata de los locales de Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró, Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa o Sant Feliu de Llobregat. La mayoría, indica el informe de la Guardia Civil, funcionan como sedes del PDeCAT.
El juez instructor del caso Palau embargó estas 15 sedes en 2015 después de que Convergència le comunicara que se disponía a vender su histórica sede de la calle Provença de Barcelona, que había depositado como garantía de su responsabilidad civil. El valor estimado de las 15 sedes fue de 3,6 millones, equivalente a la cifra a la que en aquel momento el juez pensaba que ascendían las comisiones. Faltarían pues tres millones para cubrir el importe total de las comisiones de Ferrovial, que son los 6,6 millones que la justicia ha ordenado decomisar.
Fuentes de la defensa de Convergència han informado que ya han presentado un escrito ante el tribunal oponiéndose a los planteamientos de la Fiscalía. Se basa la defensa en que en su sentencia el tribunal ya indicó que no podían reclamarse los 6,6 millones al PDeCAT porque no había sido parte del procedimiento y por lo tanto no se había podido defender.
No obstante, el tribunal agregó que “de haberse producido una sucesión” entre CDC y el PDeCAT, algo que niega la defensa de Convergència, se trataría de un asunto a plantear durante la ejecución de la sentencia, tal y como ahora ha hecho la Fiscalía. Además de a Convergència y a su extesorero, el tribunal ha pedido a Millet, Montull y a su hija Gemma que se posicionen respecto al escrito de Anticorrupción. Una vez lo hayan hecho todos, el tribunal tomará una decisión sobre la localización de los bienes de “ambas entidades”, en referencia al PDeCAT y a Convergència, para cumplir con el decomiso.