La Fiscalía se ha querellado contra la alcaldesa de Calella (Barcelona), Montserrat Candini, dirigente del PDeCat, y tres periodistas por fraccionar contratos relacionados con el servicio de comunicación del consistorio y con una campaña de promoción turística del municipio. El Ministerio Público acusa a la alcaldesa de malversación, prevaricación y falsedad documental.
En su querella, que ya ha sido admitida por un juzgado de Arenys de Mar (Barcelona), la Fiscalía expone que Candini suscribió entre 2018 y 2021 “sucesivos contratos de comunicación” con dos periodistas “infringiendo la normativa”, ya que buscó cubrir con contratos menores y directos “necesidades permanentes” del consistorio que requerían un concurso público con varias ofertas.
Ambas comunicadoras reconocieron ante los agentes de la unidad anticorrupción de los Mossos d'Esquadra que realizaron la investigación previa que habían trabajado para el área de comunicación del consistorio de Calella “no como personal laboral sino encadenando contratos administrativos menores”, resalta la fiscal.
El problema llegó cuando ambas periodistas reclamaron a Candini cobrar las horas extra que el consistorio les debía por una campaña turística del municipio denominada “És Calella”. Fue entonces, según la Fiscalía, cuando Candini y el jefe de ambas periodistas, Carles F., administrador de una consultora de comunicación, acordaron que la empresa pagaría las horas extra a las trabajadoras y luego el consistorio se lo devolvería mediante otro contrato menor.
El resultado fue que el consistorio otorgó un contrato menor de 15.064 euros a la consultora que tenía por objeto “evaluar” la campaña de comunicación que la propia empresa había diseñado. Semanas antes, detalla la fiscal, las trabajadores facilitaron a la empresas facturas por el mismo importe.
La empresa de Carles F., agrega el fiscal, “carece de infraestructura y trabajadores propios” `para realizar la evaluación de la campaña turística. Es más, el documento sobre la misma, según se detalla en la querella, fue enviado por Carles F. a un miembro del consistorio a las 13:59h., solo una hora y media después de ser creado en su ordenador. La Fiscalía destaca que era un documento pensado únicamente para enmascarar el pago de las horas extras, y lo describe como “un trabajo de muy baja complejidad técnica y que no requiere más de una jornada de trabajo pese a su elevado coste”.