La Fiscalía rechaza los indultos a los presos del procés por falta de “arrepentimiento”

La Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza indultar a los presos del procés porque ninguno de los nueve condenados por sedición ha mostrado “arrepentimiento” del delito cometido. En sus respectivos informes, que no vinculan al Gobierno, los cuatro fiscales del procés argumentan que los presos no han aceptado el delito ni han mostrado su intención de “no reincidir”, condiciones ambas que serían “mínimamente exigibles” para que los presos soberanistas pudieran recibir el indulto.

Los fiscales niegan que existan razones de “justicia, equidad o utilidad pública” que aconsejen el otorgamiento del indulto y, en un mensaje dirigido al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, remarcan que los motivos de la medida de gracia “nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos”.

“Ni el condenado ha aceptado su responsabilidad o ha exteriorizado su rechazo por el delito cometido, ni ha reconocido el carácter delictivo de los hechos, ni ha mostrado arrepentimiento alguno”, reza el escrito de los fiscales respecto al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. “Al contrario –continúa el informe fiscal– su conducta, como la del conjunto de los condenados a penas de prisión, se ha caracterizado por su rechazo a la legalidad constitucional y por la reiterada y contumaz deslegitimación de la actuación jurisdiccional con una falta de lealtad democrática sin precedentes”.

En un duro escrito, el Ministerio Público mantiene que los nueve políticos independentistas alegan “su condición de presos políticos” y denuncian “que son objeto de persecución por sus ideas políticas” además de “cuestionar la imparcialidad del poder judicial”, algo que, a criterio de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, hace inviable la medida de gracia.

Desde que los presos del procés empezaron a cumplir la sentencia firme por sedición la Fiscalía les ha exigido arrepentirse y reconocer el delito como condiciones para disfrutar incluso de permisos de 48 horas. Y el caso del indulto no es una excepción. El Supremo, que hasta ahora ha orillado pronunciarse sobre el arrepentimiento exigido por los fiscales a los presos al tumbar el tercer grado, debe emitir un informe no vinculante para el Gobierno.

En suma, a juicio de los cuatro fiscales que mantuvieron que el procés fue una rebelión violenta, no se dan ninguna de las tres razones que la ley marca para conceder el indulto. Las penas no son “desproporcionadas”, según los fiscales, porque los hechos por los que fueron condenados los presos fueron “de enorme gravedad”. Insisten los fiscales en este sentido en que los líderes soberanistas “intentaron quebrar el orden constitucional”, una característica propia del delito de rebelión que el propio Supremo descartó en su sentencia al concluir que el procés fue un engaño de los dirigentes independentistas.

Agrega el Ministerio Público que las penas tampoco son “contraproducentes” para las circunstancias personales y familiares de los presos ya que los presos todavía requieren de una “reeducación”. “Por correcto que haya sido el comportamiento de Carme Forcadell en el centro penitenciario, no ha dado muestras en ningún momento de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico-constitucional”, indica el informe fiscal respecto a la expresidenta del Parlament, expresión que se repite para los otros ocho presos por sedición.

Pero la Fiscalía va más allá y considera “una necesidad ineludible” el cumplimiento “efectivo” de las penas de 9 a 13 años de cárcel a las que fueron condenados los dirigentes soberanistas. La permanencia de los presos entre rejas, remachan los fiscales, “no puede ni debe admitir atajos para burlar” la sentencia del Supremo.

El Gobierno tiene la última palabra sobre el indulto, pero antes de tomar su decisión el Supremo, como tribunal sentenciador, la Fiscalía y las cárceles catalanas deben emitir sendos informes no vinculantes. El informe de la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena no vincula la decisión que pueda adoptar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que todavía tardará como mínimo cuatro meses. Los centros penitenciarios ya expresaron hace un mes la evolución favorable de los nueve condenados por sedición ante el indulto.