La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo anular la sentencia que absolvió al expresidente del Parlament Roger Torrent y a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura de desobedecer al Tribunal Constitucional para reprobar a la monarquía al considerar que su exculpación fue “arbitraria” y “alejada de la realidad”.
En su recurso, adelantado por la Agència Catalana de Notícies (ACN), el Ministerio Público alega que la absolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fue “absolutamente arbitraria” y bajo “criterios valorativos no racionales, apartados de toda lógica o ajenos a cualquier parámetro de interpretación sostenible en derecho”.
El pasado mes de noviembre, el TSJC absolvió a Torrent y a los exmiembros soberanistas de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa y Adriana Delgado, de desobedecer al Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación. Fue la primera sentencia absolutoria del TSJC contra exmiembros de la Mesa en los juicios del procés.
El juicio estuvo marcado por el enfrentamiento entre la Fiscalía y un tribunal inédito debido a las recusaciones de dos jueces de la Sala Civil y Penal del TSJC, entre ellos su presidente, Jesús María Barrientos. Sin ningún juez de la Sala encargada de juzgar a los aforados, el TSJC tuvo que tirar de un magistrado de la Sala de Apelaciones, Carlos Mir, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, y de dos jueces de la lista de voluntarios: Francisco Segura, de la misma Sala que Mir, y Marta Pesqueira, titular del juzgado de primera instancia 47 de Barcelona, y quien firmó un voto particular partidario de la condena.
Durante la vista oral, en una inusual intervención de calado político, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio se refirió a la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. “Circula por ahí un bulo que este juicio forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación en eso que se ha llamado desjudicialización de política catalana”, aseveró el fiscal.
La absolución se basó en que, en opinión del TSJC, la “actitud” de Torrent, actual conseller de Empresa, y el resto de acusados fue “muy diferente a la de la anterior Mesa” presidida por Carme Forcadell y que tramitó las leyes independentistas de 2017. Las sentencias del Constitucional que prohibían al Parlament reprobar al rey por su condición de inviolable sí permiten “la crítica de la monarquía como institución en general, pero desligada de su titular actual”, apostilló la sentencia.
La Fiscalía, en cambio, considera que la sentencia fue “ajena a las máximas de experiencia y apartadas del canon constitucional de valoración racional de la prueba”. En su escrito, el fiscal Antonio Pablo Rives da la razón al voto particular de la jueza Pesqueira, partidario de la condena, y añade que los magistrados Mir y Segura argumentaron una absolución “absolutamente faltada de cimiento y alejada de la realidad”.
Para fundamentar su recurso, el fiscal utiliza los argumentos que el propio Constitucional esgrimió en enero del 2020 alegando que el Parlament había “vuelto a vulnerar el orden constitucional y estatutario” al admitir a trámite propuestas de resolución cuyo contenido era “objetivamente contrario a la Constitución y no era difícil de constatar”, habida cuenta de sentencias previas y de los requerimientos enviados a la Mesa.
La Fiscalía no solo pide la nulidad de la sentencia y que el tribunal vuelva a dictarla para argumentarla mejor, sino que pide repetir el juicio con otros magistrados. Por su parte, aunque la acusación popular de Vox anunció que iba a presentar recurso, aunque finalmente no la ha formalizado.