La Fiscalía ve “consentimiento” y descarta que el policía infiltrado abusara sexualmente de cinco activistas

La vía penal que cinco mujeres querían abrir contra el agente que supuestamente se infiltró en los movimientos sociales y okupas de Barcelona entre 2020 y llegó a mantener relaciones sexuales con ellas va camino de cerrarse en su estadio más inicial. La Fiscalía ha pedido al juez no admitir la querella de las activistas al no ver indicios de delito en ninguna de las actividades del agente y valorar que en la relaciones sexuales hubo “consentimiento” porque las denunciantes no sabían que su pareja era policía.

El caso del agente infiltrado, desvelado por La Directa a inicios de este año, constató la falta de control judicial en la actividad de los policías encubiertos y causó preocupación en los movimientos sociales barceloneses. A nivel penal, cinco mujeres presentaron una querella contra el policía por varios delitos: abusos sexuales, torturas, delito contra la integridad moral y revelación de secretos.

En su informe, el fiscal descarta la comisión de ningún delito y critica la interposición de la querella por parte de las mujeres. Según el fiscal, tanto la “condición” de agente infiltrado como las eventuales relaciones sexuales mantenidas con las activistas “no pueden ser investigadas penalmente”. Es más, a juicio de la Fiscalía, investigar al policía encubierto podría “frustrar” pesquisas policiales y poner en riesgo la seguridad de los agentes.

El razonamiento de la Fiscalía es que no puede existir el delito de abusos sexuales denunciados por la propia condición de infiltrado del agente. No revelar que era un agente de la Policía impidió que se valiera de su superioridad o su cargo para acercarse a las mujeres, argumenta el escrito. Es más, el fiscal destaca que en el relato de las mujeres “precisamente se dice, de forma positiva, que [el agente] actuaba como un modelo de 'nueva masculinidad'”.

El hecho de que el agente les ocultara su condición de policía para mantener relaciones sexuales “no puede ser considerado un trato degradante”, ahonda el fiscal, que considera que los sentimientos “de malestar” de las activistas tras conocer la identidad de su compañero “no convierten su experiencia en un acto degradante”.

“Se desconoce además si las querellantes manifestaron al querellado que nunca tendrían ningún tipo de relación con un policía”, apostilla la Fiscalía, que con todo cree que las relaciones pudieron ser “sinceras” y no una vía para que el agente infiltrado obtuviera información.

“Resultaría ilusorio en este caso que se pretendiera que el supuesto agente debía incumplir su deber y revelar su condición, aunque no les afectase, sobre todo en el marco de relaciones sexuales esporádicas”, insiste la Fiscalía.

El informe del fiscal incluye duras críticas por la decisión de las mujeres de denunciar al policía. Según el Ministerio Público, la infiltración del agente no “menoscabó” ningún derecho a las denunciantes. “La situación de desconfianza que puedan sentir no supone un impedimento para el ejercicio de sus derechos”, apostilla el fiscal.

A juicio de la Fiscalía, abrir una investigación contra el agente infiltrado sería “un abuso del derecho penal”, y recomienda a las denunciantes que trasladen sus reclamaciones a través de la vía contencioso administrativa o la vía civil.