La Fiscalía ve la última querella contra Colau idéntica a la investigación ya archivada

Tan intensa ha sido la actividad judicial de empresas, inmobiliarias y asociaciones contra el Gobierno de Ada Colau que se han terminado repitiendo denuncias. Es lo que ha ocurrido en el último caso que afecta a la alcaldesa de Barcelona, que este viernes ha declarado como investigada ante un juez por las subvenciones que el consistorio otorgó a entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). No solo lo dice la defensa de Colau. La Fiscalía ve idéntica la última querella contra la alcaldesa a la denuncia que el Ministerio Público ya archivó el año pasado.

La observación no es menor. La Fiscalía pasó cuatro meses investigando las subvenciones del Ayuntamiento a la PAH y otras entidades sociales como el Observatorio DESC o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a raíz de una denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución. Analizó abundante documentación y estudió al detalle los expedientes municipales. La conclusión del Ministerio Público fue que, a lo sumo, las subvenciones podrían constituir una infracción administrativa leve, pero en ningún caso rebasaban la línea del Código Penal.

Tras analizar la nueva querella por las mismas subvenciones, ahora interpuesta por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD), la Fiscalía considera que los hechos incluidos en la misma son “en un 99,9%” idénticos a la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución que acabó archivada, según han expresado fuentes fiscales este viernes. De ese minúsculo porcentaje dependerá el papel del Ministerio Público en el devenir de la investigación, aunque la defensa de Colau confía en que la nueva causa por las subvenciones termine igual que la anterior: archivada más pronto que tarde.

La posición de la Fiscalía, que ha llevado el peso del interrogatorio a Colau, es relevante no solo por su anterior conocimiento de las subvenciones, sino también porque la de este viernes ha sido prácticamente su primera intervención en la causa judicial. El juez no pidió opinión al Ministerio Público antes de citar como investigada a Colau y acordó su imputación directamente a petición de la ATCD, una entidad opaca sin actividad conocida en Barceona más allá de pleitear contra el consistorio. El magistrado no ha preguntado a la alcaldesa durante el interrogatorio.

En la sesión de este viernes el fiscal anticorrupción ha aportado a la causa varios lápices de memoria con la información de los expedientes de subvenciones que requirió cuando investigó la primera denuncia, que archivó tras concluir que el hecho de que Colau no se abstuviera en las comisiones de gobierno que aprobaron las subvenciones podía ser una infracción administrativa, pero no un delito de prevaricación ni de malversación.

Dos denuncias, mismo despacho

Se da la circunstancia además de que la querella de la ATCD contra Colau la firma Cristina Pasquau, compañera de bufete del letrado Ernesto Osuna, que era quien rubricaba la primera denuncia ante Fiscalía de Abogados Catalanes por la Constitución. Ambos trabajan en el mismo despacho de abogados de Granada, una circunstancia que la defensa y el entorno político de la alcaldesa ve de todo menos una casualidad.

La ley permite a cualquier particular querellarse ante un juzgado aunque la Fiscalía haya archivado su denuncia previa. Sin embargo la defensa de Colau ve “mala fe procesal” en el hecho de que la entidad no aportara el decreto de archivo del fiscal a la querella judicial. Entiende la defensa de la alcaldesa, que ejercen los letrados Olga Tubau y Àlex Solà, que la ATCD intentó presentar al juez como nuevos unos hechos que ya había estudiado y exculpado la Fiscalía.

Dentro de la sala de interrogatorios de la Ciudad de la Justicia, Colau ha defendido la legalidad de las ayudas y ha negado haber influido en la concesión de las mismas o haber tenido un interés personal para que se otorgaran a la PAH y al resto de entidades sociales. Y ha recordado, tal y como hizo el fiscal al archivar sus diligencias, que la PAH ya recibía subvenciones del Ayuntamiento bajo el mandato del convergente Xavier Trias.

Los alegatos pronunciados por la alcaldesa ante el juez han abarcado hasta el único reproche realizado por la Fiscalía: tras el decreto de archivo en el que el Ministerio Público apuntaba a su deber de abstenerse en las comisiones de gobierno que aprobaban las subvenciones, Colau ha explicado al juez que hizo una consulta al secretario general del Ayuntamiento, máxima autoridad jurídica del consistorio, que le indicó que no era necesario que se apartara.

El futuro del caso

En el plano jurídico, la defensa volverá a pedir el archivo del caso, aunque no formalizará la petición inmediatamente sino que dejará reposar la causa unas semanas para que el juez pueda analizar la decena de informes técnicos de la intervención municipal aportados por la defensa, así como el conjunto del expediente de la investigación de Fiscalía.

Quien sí quiere dar más impulso a la investigación es la ACDT, que ya pidió al juez que declararan como testigos o investigados varios concejales y exediles del equipo de Colau y tiene previsto pedir nuevas diligencias al instructor. De aceptarlo el juez, la entidad lograría mantener durante meses abierta la causa y el foco judicial, político y mediático sobre la alcaldesa.

Cuando se conoció la querella contra la alcaldesa, un dirigente de la plataforma aseguró a elDiario.es que la ACDT convocaría a los medios este viernes en el juzgado, pero no ha sido así y la entidad sigue sin presentar a la sociedad un portavoz conocido. En una nota enviada a los medios, la entidad ha mostrado su “decepción” por la decisión de la alcaldesa de “desperdiciar” la oportunidad de explicarse al rechazar responder a las preguntas de sus abogados. Cabe recordar que Colau, como investigada, tiene derecho a responder a las preguntas de las partes que desee, y lo ha hecho al fiscal y a su defensa, pero no a la ATCD.

Tanto la defensa como la alcaldesa han transmitido optimismo este viernes tras una cita judicial que la oposición había aprovechado para cargar contra Colau. A poco más de un año de las elecciones municipales, Colau se ha mostrado contundente para remarcar que ninguna denuncia –sus equipos de gobierno ya acumulan una decena por parte de hoteleros y multinacionales y todas han acabado archivadas– le hará temblar el pulso. “No solo no nos asustan, sino que nos reafirman más que nunca en lo que hemos venido a hacer en el Ayuntamiento de Barcelona: defender el bien común y los intereses de la ciudadanía y frenar los privilegio y la especulación”, ha aseverado.

“Estoy muy tranquila y muy contenta de haber respondido a las preguntas que me han hecho, colaborar con la Justicia y constatar que no hay caso”, ha apostillado Colau. Tiene motivos para ello.