Nueva acusación de la Fiscalía de Barcelona contra el movimiento en favor del derecho a la vivienda. El Ministerio Público reclama tres años de cárcel a dos inquilinos y al portavoz de su sindicato, Jaime Palomera, por las protestas que realizaron contra el desahucio planteado por los dueños de su edificio, los Fradera, una de las familias ricas de Barcelona con intereses en el sector cosmético e inmobiliario.
El juicio contra Alpha, Fran y Palomera se celebrará el próximo lunes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y llega poco más de un mes después de que otros dos inquilinos, Juan y Livia, se sentaran en el banquillo por protestar contra la subida del alquiler planteada por su propiedad y que está pendiente de sentencia. Para Palomera la nuevo acusación muestra que “cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda por parte no solo del sector inmobiliario, también por parte del Estado”. “Pero no dejaremos la desobediencia civil no violenta, es nuestra forma de lucha y con la que hemos conseguido cambiar la ley de los alquileres”, ha sentenciado.
En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que los inquilinos y Palomera incurrieron en un delito continuado de coacciones y otro de allanamiento de domicilio de persona jurídica por la divulgación de su caso en redes y tres manifestaciones ante el centro de estética propiedad de la familia en el año 2018.
Según la fiscal, llevaron a cabo “una campaña de difamación en redes sociales” tachando a su propietaria de “especuladora”. En persona acudieron a su negocio de estética en dos ocasiones para manifestarse ante la puerta del local y el 17 de octubre entraron “megáfono en mano”, detalla la fiscal, para protestar contra el desahucio. El Ministerio Público define la protesta como una acción que “perturbó el funcionamiento ordinario del local asustando a clientes y trabajadores” hasta que sobre las 18:00h. de la tarde salieron tras conseguir una reunión para negociar las condiciones de su alquiler.
La letrada Anaïs Franquesa, que representa a los tres acusados, ha advertido de que, en un hecho inusual, la pena que pide la fiscal es más alta que los 21 meses de cárcel que reclama la acusación particular de los dueños. “Es un caso clarísimo de criminalización de la protesta porque fue totalmente pacífica”, ha denunciado Franquesa, que ha expresado además “preocupación” por la contundente acusación del Ministerio Público.
El conflicto entre los inquilinos acusados y los dueños del piso (que también poseen el resto del bloque de la calle Floridablanca, en el gentrificado barrio de Sant Antoni) se remonta a varios años antes de que la propiedad planteara el desahucio. La propiedad mantenía en un estado insalubre el inmueble, en el que se acumularon plagas de termitas, amianto y cañerías de plomo en mal estado, pese a lo cual los inquilinos siguieron abonando el alquiler. Fue cuando se afiliaron al Sindicato de Inquilinos que, según ellos, empezó el acoso por parte de la propiedad.
“Siempre hemos cumplido y ellos deciden echarnos en el momento en que decimos 'basta' y que tenemos derecho a una vivienda”, ha aseverado Alpha. De hecho los inquilinos mantienen otro pleito contra la propiedad por daños y perjuicios derivados del “acoso inmobiliario” que denunciaron, y el Ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente sancionador a los dueños por el mal estado del edificio.
Multa de 180.000 euros por acoso inmobiliario
El consistorio recibió hace tres años las primeras quejas de estos inquilinos por un supuesto acoso inmobiliario de la propiedad y, tras inspeccionar el edificio, constataron “falta de mantenimiento” del inmueble hasta el punto que afectaba a la salubridad de las viviendas. Así lo ha detallado la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, que ha explicado que iniciaron dos expedientes sancionadores por la situación de siete de los pisos del bloque y el proceso acabó con dos multas por un total de 180.000 euros.
La propiedad abonó el dinero, pero al mismo tiempo ha recurrido la sanción a los tribunales. Martín ha asegurado que durante todo el proceso administrativo del expediente, en el que descartaron las alegaciones de los caseros, trataron de “mediar” para que hicieran las reparaciones necesarias. “Pero la propiedad se negó”, ha lamentado.