El papel puede aguantarlo todo, y más en Derecho Penal. Pero llega el día en que toca demostrar ante una jueza lo que se ha escrito... y el argumentario cae como un castillo de cartas. Esto es lo que ha ocurrido este jueves en la causa iniciada a partir de la querella del fondo buitre Vauras contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
El administrador de la firma, Bernat Palau de Belza, ha comparecido como testigo y ha sido incapaz de detallar a la jueza Carmen García las coacciones que denunció en su querella por parte de cargos municipales. Ha sido un exhaustivo interrogatorio que, según fuentes jurídicas, ha dejado momentos de asombro por la particular interpretación del responsable del fondo sobre lo que es una coacción y una amenaza.
En su querella, el fondo buitre aseguró que recibió “presiones” de responsables municipales en dos reuniones para que cediera pisos sociales a las familias que ocupaban un inmueble que adquirió en la calle Lleida. La finca se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y en contra de las operaciones especulativas.
Este jueves, sin embargo, el administrador del fondo ha sido incapaz de detallar a la jueza ninguna coacción. No solo por parte de Colau (que ni siquiera participó en las reuniones) sino de los investigados que sí asistieron a los encuentros, los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria del área Vivienda.
Con todo, Palau de Belza ha insistido en que entiende como una coacción y una extorsión el hecho de que los responsables municipales le trasladaran en la reunión que la ley catalana de Vivienda le obligaba, como gran propietario, a proporcionar un alquiler social a las familias vulnerables que quería desahuciar de sus fincas para reformarlas y revenderlas a un precio mucho más alto. En otras palabras: para Vauras, recordar que hay que cumplir la ley es una amenaza.
La argumentación del testimonio ha provocado el pasmo en la sala de vistas, según fuentes jurídicas. Hasta el punto que el fiscal Luis García Cantón ha preguntado al testigo si también entendía como una coacción el hecho de advertir de que no debía matar a nadie porque, de hacerlo, lo condenarían.
Dentro de la “confabulación” entre los ocupas de la calle Lleida y el consistorio, el responsable de Vauras también ha incluido las reticencias a conceder permisos en otras fincas por parte del consistorio, si bien en los expedientes que forman parte del caso se puede comprobar que en realidad la tardanza se explica, por ejemplo, porque la firma pedía licencias para reformar pisos cuando en realidad los trabajos afectaban a ascensores, fachadas y a fincas enteras.
Cabe recordar además que en las dos reuniones entre Vauras y el Ayuntamiento, los responsables municipales plantearon una mediación entre las familias vulnerables que ocupaban el bloque y la empresa así como la posibilidad de que los pisos pasaran a la bolsa de vivienda municipal. La respuesta del fondo fue que la firma no alquilaba, solo vendía. En el segundo encuentro, de hecho, Vauras pidió 4 millones de euros al Ayuntamiento para comprar los inmuebles.
La querella de Vauras ya fue archivada de plano por la jueza al ver las acusaciones del fondo “carentes de sustento probatorio” y faltas de rigor. La Audiencia de Barcelona obligó a reabrir la causa, que ha llegado abierta a las elecciones municipales y ha obligado a la alcaldesa a volver a desfilar por el juzgado como investigada en otra querella que traslada a la vía penal desacuerdos políticos con decisiones municipales.
El próximo lunes declararán más testigos (funcionarios que confeccionaron los informes de vulnerabilidad de los ocupantes de la calle Lleida), y ya estará todo listo para que la magistrada decida si da carpetazo de nuevo al asunto o lo envía a juicio.
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