Jordi Castells Massanés anunciaba, este martes, su dimisión a los hasta entonces colaboradores suyos en la dirección de Relacionses Internacionales de la Diputación de Barcelona y hoy ya ocupaba el despacho de la administración de la Generalidad que dejó vacante hace tres años y medio como jefe del Servicio de Gestión de los Fondos de Cooperación y Estructurales de la Dirección General de Administración Local del departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, que dirige Joana Ortega.
Castells dimitió en pleno escándalo por la gestión del Fondo de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Barcelona que depende de la dirección de Relaciones Internacionales. Este Fondo ha repartido al menos un millón de euros del apartado dedicado a cooperación al desarrollo, sin publicidad y con frecuencia a dedo, a empresas que a menudo no tenían ninguna experiencia en el sector.
Al parecer, no ha habido ningún problema para que Jordi Castells vuelva al despacho del departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales que abandonó hace tres años y medio cuando fue nombrado responsable de las relaciones internacionales de la corporación provincial barcelonesa. El Servicio de Gestión de los Fondos de Cooperación y Estructurales de este departamento tiene, entre sus funciones, realizar las propuestas de distribución y gestión de su dinero, gestionar los proyectos locales susceptibles de recibir fondos locales europeos y ejecutar los programas de cooperación financiera en el mundo local. Continuará moviendo, por tanto, mucho dinero.
Por otra parte, la Diputación de Barcelona ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces para “defender su actuación en materia de cooperación al desarrollo”, según la nota que se ha hecho llegar a los medios de comunicación. Con esta nota, el gobierno de la Diputación “quiere salir al paso de algunas informaciones que cuestionan tanto la idoneidad de las actuaciones como la gestión del personal que trabaja en el área de relaciones internacionales”.
El comunicado especifica que “todos los expedientes de ayudas han seguido y siguen los escrupulosos procesos de control jurídico y financiero de la Diputación” y que “el impulso del modelo corresponde a las directrices políticas”. Señala, además, que el responsable político de este modelo es el diputado de CiU Juan Carlos García Cañizares y que “el modelo aplicado ha permitido que entidades y ayuntamientos participaran de las acciones de cooperación. Justamente una de las líneas de trabajo ha sido el proceso de concertación con las entidades”.
En ningún apartado del comunicado se hace referencia al dinero entregado a las empresas que está en el centro de la polémica.