Los menores inmigrantes que han llegado a España solos, sin ningún familiar, se enfrentan a la incertidumbre y la posibilidad de acabar en la calle cuando cumplen los 18 y dejan de estar bajo tutela de la Administración. Esta histórica problemática se ha agravado en los últimos meses con la llegada de más adolescentes no acompañados, que no solo ha saturado los centros de acogida de menores (con imágenes de chicos durmiendo en comisarías de los Mossos a la espera de plazas), sino que también ha colapsado los pocos pisos que hay para extutelados.
En Catalunya, han alcanzado la mayoría de edad en 2018 -o lo harán hasta el 31 de diciembre- un total de 698 jóvenes migrantes que estaban a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El doble de los 337 del año pasado. Pero para el conjunto de extutelados solo hay 500 plazas en pisos asistidos, que están ocupadas y se liberan sólo cuando el beneficiario consigue emanciparse mínimamente o cuando cumple los 21 y queda fuera de la ayuda.
“No creo que haya demasiados jóvenes que renuncien a estas ayudas, con lo que la conclusión es sencilla: un número importante de ellos se queda en la calle”, concluye Ana Villa, directora técnica de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), que aglutina a las principales asociaciones que trabajan con extutelados en Catalunya. Lo mismo opina Rita Grané, directora de la entidad Punt de Referència: “No todos estos jóvenes quieren seguir teniendo educadores a su lado, pero los que quieren sobrepasan las plazas, esto es una realidad”.
Y no parece que el problema vaya a desaparecer, al contrario. En 2019, la DGAIA calcula que cerrará más de 1.000 expedientes de tutela. Hay que tener en cuenta que en 2018 han llegado a Catalunya alrededor de 3.000 menores no acompañados (MENA), según las cuentas de la Administración, casi diez veces más que los registrados en 2015. Del total de personas extuteladas que participan el programas de entidades sociales, el 70% son de origen extranjero.
Más jóvenes en albergues para sin hogar
La Generalitat asegura que no tiene cifras de cuántos jóvenes se quedan sin alojamiento cuando dejan de estar bajo su tutela. Pero hay otros indicios, como el número de menores de 25 años que llenan cada vez más los albergues municipales del Ayuntamiento de Barcelona, pensados para personas sin hogar. Si en 2015 eran 41, entre enero y agosto de 2018 han sido ya 91. Entre ellos se cuentan chicos que estuvieron en el sistema de protección de menores, según fuentes municipales, pero no solo: también hay jóvenes que han llegado directamente siendo mayores de edad y, por lo tanto, sin optar a ayudas que no sean de emergencia.
Una vez en la calle, y sin familiares a los que acudir, estos jóvenes tienden a buscarse la vida ocupando locales, pisos y otros espacios abandonados. La mayoría son chicos de origen magrebí, que han llegado a Barcelona después de cruzar la frontera en Ceuta y Melilla. “Con 18 años o menos han pasado por un itinerario durísimo, lleno de soledad, inseguridad, miedo y incertidumbre, y sin ni siquiera hablar castellano”, recuerda Roser Balaguer, directora general del Casal dels Infants, una entidad que tiene cinco pisos con unas casi veinte plazas para estos jóvenes.
En sus alojamientos, acogen no sólo a chicos directamente derivados de la DGAIA una vez cumplen los 18, sino también a los que detectan los educadores de calle y los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona en situación de sin hogar. Incluso hay casos, explica, de extutelados que consiguieron encarrilar sus vidas al salir de los centros de acogida pero que han vuelto a quedarse en situación de vulnerabilidad. “Conseguir autonomía requiere tiempo y estabilidad”, sostiene Balaguer, que añade que la mayoría de jóvenes deben pasar un mínimo de un año en sus pisos para conseguir cierta autonomía, muy vinculada al trabajo.
De hecho, todas las entidades consultadas insisten en que la asistencia a los extutelados no consiste solo en el alojamiento, sino también en prestaciones económicas, planes de formación, acompañamiento y asesoramiento legal para ayudarles con su documentación. Se trata de los servicios del Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado (ASJTET), que en la actualidad atiende a unas 2.000 personas, según fuentes de la conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.
Las limitaciones de la prestación económica
Pero de lo que sí se quejan las asociaciones es de las limitaciones de las prestaciones económicas, que ni duran suficiente ni llegan a todos. Sujeta a un Plan de Trabajo Individualizado, de formación e inserción laboral, esta ayuda de 664 euros al mes dura hasta tres años, cuando cumplen los 21. Pero solo la pueden pedir quienes han pasado más de tres años bajo tutela. Los demás la perciben solo durante seis meses. Pero no solo eso: tanto los que dejan de recibirla a los 21 como los que lo hacen al cabo de medio año, ninguno puede acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la nueva renta mínima catalana, porque es a partir de los 23 años.
Ante esto, el conseller de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, explicó este año que plantearán esta modificación con el reglamento que ha de desplegar con más detalle la Renta, y que está todavía por aprobar. “Uno de los principales problemas que tenemos las entidades es ver como se invierten recursos en itinerarios que después se ven cortados, es totalmente absurdo”, valora Balaguer.
Vinculación con la delincuencia
Una agresión sexual en Santa Coloma de Gramenet, cometida presuntamente por varios jóvenes de origen migrante, ha vuelto a poner a los extutelados y a los menores no acompañados bajo el foco. El Ayuntamiento acusó a la Generalitat de no tener controlados a grupos de MENA proclives a cometer delitos. Finalmente, de los quince detenidos porque vivían en el mismo piso ocupado, ocho fueron puestos en libertad. De los siete que permanecen acusados, dos son menores que de los que la DGAIA no tenía noticia y solo uno estuvo es extutelado.
Las entidades llevan años tratando de que estos jóvenes dejen de llevar la etiqueta de conflictivos a ojos de la sociedad, pero reconocen que no lo consiguen. Los Mossos d'Esquadra los consideran, a ellos y a los menores no acompañados que han optado por vivir al margen de los centros de acogida, como un factor del aumento del incremento de más de un 20% de los hurtos o los robos con fuerza en Barcelona, junto con el aumento del turismo o la proliferación de narcopisos.
Oriol Janer, director de Dar Chabab, un centro de día para jóvenes migrantes en situación de riesgo, valora de entrada que es estas asociaciones no ayudan a un colectivo muy “estigmatizado” y que en su mayoría no recurre a la delincuencia. Pero a la vez alerta que muchos se encuentran en una situación de fuerte marginalidad que les deja sin alternativa. “Les pedimos respeto para nuestras estructuras sociales, pero les ofrecemos pocos derechos y ninguna posibilidad de trabajo, esto hace que salir adelante para ellos sea un cometido casi imposible”, se lamenta.