La Generalitat concede la semilibertad a los presos del procés

La conselleria de Justicia de la Generalitat ha avalado la propuesta de las prisiones catalanas y ha concedido el tercer grado, equivalente a la semilibertad, a los nueve presos del procés. A partir de ahora, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Quim Forn tendrán que ir a prisión solo para dormir y podrán pasar el fin de semana en casa.

De lunes a viernes los presos podrán seguir saliendo de prisión para trabajar, realizar labores de voluntariado o cuidar de familiares, como ya venían haciendo en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Además, con el tercer grado tendrán disponibles 48 días de permiso al año en tercer grado frente a los 36 actuales con el segundo grado.

La concesión del tercer grado se produce cuando los presos han cumplido casi tres años en prisión. Fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años por sedición y cuatro de ellos también por malversación. La conselleria de Justicia de la Generalitat, que pilota la republicana Ester Capella, ha recordado que el tercer grado es una manera de cumplir condena, no de eludirla.

Una vez aprobado el tercer grado, las juntas de tratamiento de cada uno de los centros penitenciarios establecerán las fechas a partir de las que se aplicará, los horarios concretos, ha informado la conselleria de Justicia en un comunicado.

Según Justicia, el servicio de clasificación de la secretaría de medidas penales de la Generalitat ha constatado, para confirmar el tercer grado, la participación de los presos en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos, su “máxima colaboración” en prisión tanto como internos como con funcionarios y la ausencia de incumplimientos judiciales y expedientes disciplinarios.

El servicio también ha tenido en cuenta que todos los presos del procés disponen de una “red social y familiar favorable para la rehabilitación” y un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia. “Con el objetivo de consolidar su reinserción sociolaboral en el ámbito privado”, agrega Justicia, el servicio de clasificación también ha aprobado continuar “con un régimen de mayor autonomía” con los programas de tratamiento de los presos, que ya trabajaban fuera de la cárcel como abogados o dando clase.

Al tratarse de un asunto de clasificación penitenciaria y no de régimen carcelario –como la aplicación del 100.2–, la última palabra sobre el tercer grado la tendrá el tribunal sentenciador, esto es, el Tribunal Supremo. Previsiblemente la Fiscalía pedirá primero al juez de vigilancia penitenciaria y luego al Supremo que revoque el tercer grado, habida cuenta de la dura oposición que ha mostrado el Ministerio Público a cualquier tipo de flexibilización –incluso permisos de 72 horas– de la vida carcelaria de los presos del procés.

Como marca la ley penitenciaria, a los presos se les debe revisar la clasificación penitenciaria cada seis meses. El pasado mes de enero la Generalitat, que tiene transferidas las competencias de prisiones, ratificó la clasificación inicial en segundo grado. En la primera revisión de grado, los profesionales de las Juntas de Tratamiento de las tres cárceles donde permanecen los presos del procés acordaron por unanimidad la progresión al tercer grado.

La evolución del segundo grado –el ordinario, donde los presos permanecen casi todo al tiempo en prisión– al tercero –más flexible y con regreso a la cárcel solo entre semana para dormir– se determina en función de su evolución en prisión, sus relaciones familiares y personales, su tratamiento penitenciario o si han devuelto el dinero, algo que no ocurre con los presos del procés porque el Supremo decidió no establecer ninguna responsabilidad civil pese a condenarles por malversación y derivó el eventual pago de la misma en otra causa en el Tribunal de Cuentas.