Nuevo paso de la Generalitat para intentar hacer efectivo el mandato del Parlament que insta al ministerio del Interior a cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha enviado una carta al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para pedirle que no reabra el CIE de la Zona Franca, que permanece cerrado por obras, al considerarlo impropio de un Estado “comprometido con los derechos humanos”.
En su carta, Mundó expresa su “respetuoso desacuerdo” con la decisión del Ministerio de reabrir el CIE de la Zona Franca de Barcelona, tras varios meses en que se han llevado a cabo obras para mejorar el recinto, de acuerdo con las recomendaciones del juez Joaquín Aguirre, que tiene encomendado su control.
“Como bien sabéis, los centros de internamiento de extranjeros generan un intenso rechazo social en Catalunya”, advierte el conseller en su carta al ministro. Varios activistas se encadenaron hace unas semanas frente al CIE para impedir su reapertura. En el Congreso, Podemos y En Comú han registrado una iniciativa para pedir el cierre definitivo de todos estos centros.
Mundó argumenta que la privación de libertad “de forma preventiva y sistemática” de personas que no han cometido delito alguno, sin resolución judicial previa y por encontrarse en situación irregular, “no puede formar parte de la política migratoria de un Estado comprometido con los derechos humanos”, informa la agencia EFE.
El CIE es una “anomalía”
Para el conseller, existen medidas cautelares administrativas “más proporcionales y menos costosas” que el CIE para controlar a las personas en situación irregular, como la presentación periódica ante la autoridad, la entrega de la documentación, la obligación de residir en un lugar concreto o el régimen de libertad vigilada.
“De esta manera, se podría conferir un carácter auténticamente excepcional a la medida cautelar de internamiento, haciéndola efectiva solo en aquellos casos en que fracasen las otras opciones”, añade la carta de Carles Mundó.
En su escrito, el conseller recuerda que el Parlament aprobó en julio de 2015 una resolución que define a los CIE como “anomalía” jurídica “prescindible” y los considera un “claro atentado al contenido esencial del derecho a la dignidad que, como base de otros derechos fundamentales, debe inspirar las políticas públicas de un Estado democrático y de derecho”.