Gobierno y Generalitat acuerdan crear cinco juzgados en Barcelona para juzgar hurtos y robos

Más juzgados. El Gobierno y la Generalitat han acordado la creación de hasta cinco juzgados más en Barcelona para juzgar principalmente hurtos y robos. El objetivo es conseguir que a mediados de 2026 los tiempos de espera actuales para juzgar este tipo de delitos, que ahora rondan el año, se reduzcan a un mes. Las administraciones quieren que los nuevos juzgados empiecen a trabajar en el primer trimestre de 2025.

Así lo han anunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tras una reunión en el Palau de la Generalitat con el president, Salvador Illa. El plan concreta el acuerdo alcanzado entre Illa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su última reunión en Moncloa.

Con los nuevos cinco órganos -que serán de refuerzo, esto es, provisionales-, Barcelona dispondrá de 33 juzgados penales, dos más que Madrid. Según ha afirmado Bolaños, la medida permitirá “agilizar” los juicios rápidos en los casos de hurtos y otros delitos leves, un problema que, a su parecer, es “grave” por la percepción de inseguridad que suscita entre la ciudadanía. El refuerzo de los juzgados “se mantendrá el tiempo que sea necesario para luchar contra la multirreincidencia”, ha agregado Bolaños.

Por su lado, Espadaler ha destacado que la voluntad de las administraciones es empezar por el plan de choque frente a la multirreincidencia, pero que durante la legislatura también se quieren reforzar el resto de juzgados. “La cooperación entre administraciones para dar respuestas a la ciudadanía es lo mejor que podemos hacer”, ha afirmado.

Frente al tono conciliador del ministro y el conseller, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha expresado con contundencia. “Había la sensación de que entran por una puerta y salen por la otra”, ha enfatizado Collboni sobre los “presuntos delincuentes”.

El colapso judicial en Catalunya afecta a todas las jurisdicciones (desde juzgar un despido improcedente a las impugnaciones de unas oposiciones). Sin embargo, desde hace meses que representantes patronales, comerciantes y hoteleros han fijado como objetivo la descongestión de los juicios rápidos por hurtos y robos, que en teoría deberían celebrarse en 15 días pero que en ocasiones se tardan hasta más de un año en señalarse. Los hurtos sin violencia representan alrededor de la mitad de los delitos que se cometen en la capital catalana.

Barcelona cuenta actualmente con un juzgado de guardia fijo dedicado a juzgar delitos leves. Se trata, principalmente, de pequeños robos sin violencia o intimidación en la calle o en supermercados y grandes superficies, que no acarrean penas de prisión. A este juzgado se suma otro de refuerzo cuya prórroga la acuerdan periódicamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia.

Esos dos juzgados celebran unos 48 juicios diarios de delitos leves. De no prorrogarse el refuerzo del segundo, habría un riesgo de prescripción de los delitos leves pendientes, que se extinguen penalmente al cabo de un año. Una de las reivindicaciones de los jueces de Barcelona era que se mantuviera de forma permanente ese segundo juzgado que ahora es un refuerzo provisional.

El plan de choque pactado entre Generalitat, Gobierno y Ayuntamiento de Barcelona contempla la creación de un tercer juzgado de guardia para juzgar los delitos leves (sobre todo, hurtos de menos de 400 euros, pero también amenazas o coacciones leves). La característica de estos juicios es que en el mismo juzgado de guardia se celebra la instrucción, la vista y la sentencia. El plan de choque busca pasar de los ocho meses actuales de espera para el juicio a un mes a finales de 2026.

Además, el plan contempla la creación de cuatro nuevos juzgados penales para los juicios rápidos. Se trata de los juicios por hurtos de mayor cuantía, robos con violencia o lesiones que comportan penas menores a cinco años. El incremento de los juzgados (cuatro jueces de refuerzo, letrados de la administración de justicia y 15 funcionarios) busca rebajar de 15 a un mes el tiempo de espera para los señalamientos.