El Gobierno ha comenzado a concretar su calendario de los próximos pasos en la agenda catalana. Para comenzar, después de que el Tribunal Supremo entregara este miércoles su informe preceptivo, el Consejo de Ministros tomará una decisión sobre los indultos a los presos independentistas previsiblemente antes del periodo estival. Tanto el presidente Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno han dado muestras públicas de que la decisión podría ser favorable a la libertad de los penados. Este mismo lunes, Sánchez ha asegurado que “la decisión que vaya a tomar el Gobierno cuando el Ministerio de Justicia eleve al Consejo de Ministros la concesión o no será una decisión que nos permita transitar de un mal pasado a un futuro mejor”. Una vez haya resuelto sobre esta medida de gracia y solo entonces, el Ejecutivo reunirá a la mesa de diálogo con la Generalitat, un encuentro que fuentes de la Moncloa prevén que pueda celebrarse la segunda quincena de julio.
El Gobierno retomaría el diálogo con la representación del Ejecutivo catalán en un clima muy diferente al de la primera reunión, que se produjo en febrero de 2020, apenas cuatro meses después de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la prisión para Oriol Junqueras y otros ocho dirigentes soberanistas. En La Moncloa consideran que los indultos, que en todo caso deberán ser parciales y de los que debe decidirse hasta dónde llegan, servirían para debilitar al independentismo y restarle argumentos a ojos de buena parte de la sociedad catalana, además de empujar al Govern a tomar una posición constructiva en la mesa de diálogo.
La reivindicación de los partidos y entidades independentistas, y también de la Generalitat en los espacios de interlocución con el Gobierno, siempre se ha resumido en dos exigencias: amnistía y autodeterminación. Ninguna de las dos son peticiones que Pedro Sánchez tenga previsto atender. Por contra, una medida de gracia que aligerase las penas de los dirigentes políticos más destacados, tras más de tres años de prisión, dejaría mermada la consigna a favor de la amnistía. Respecto a explorar salidas al conflicto político, el Gobierno sigue pensando en mejorar el encaje constitucional de Catalunya, pero entiende que esta es una tarea a más largo plazo.
Los planes que sitúan en julio la reanudación de la mesa bilateral también encajan en el calendario del Govern. El recién investido president, Pere Aragonès, quiere dar una serie de pasos intermedios antes de volver a sentar a las delegaciones cara a cara. Primero, debe producirse la llamada institucional entre ambos presidentes, que aún no se ha realizado más allá de un intercambio protocolario de mensajes. Después, tanto Sánchez como Aragonès han mostrado su deseo de mantener una reunión cara a cara y a solas, en el marco del diálogo entre el presidente del Gobierno y el autonómico. Este encuentro podría tardar en encajarse algunas semanas por las dificultades de agenda.
Aragonès tiene también otro deber que cumplir antes de volver a la mesa de diálogo: componer y echar a andar el nuevo Pacto Nacional por la Autodeterminación, en el que espera poder sentar no solo al independentismo sino también a organizaciones políticas y sociales favorables al referéndum. El nuevo president cree que ese foro, que en la legislatura pasada Quim Torra prefirió reducir únicamente a los cinco actores independentistas, es el que debe articular la propuesta que la Generalitat lleve a la mesa de diálogo con el Gobierno, respaldada por el más amplio consenso posible en Catalunya. Pero reunir a las organizaciones que se pretende que estén representadas podría ser una tarea larga e impactar en el calendario previsto.
Más allá de las necesidades de un Govern que aún está aterrizando, Aragonès no tiene tiempo que perder porque relanzando la mesa reforzaría el mensaje de que en Catalunya se ha abierto una nueva etapa con la que ha querido marcar el inicio de su mandato. “No queremos perder tiempo, por nosotros cuanto antes mejor”, explican fuentes del Palau de la Generalitat, que a la vez expresan que para ellos lo importante no es que el encuentro se haga rápido sino “llegar bien preparados” a él por ambas partes. Con todo, desde el ejecutivo catalán aseguran que la nueva reunión de la mesa debería producirse “antes de las vacaciones del verano” y por lo tanto, a lo largo de los próximos dos meses.
La apuesta de Aragonès por el diálogo con Sánchez es firme y ha sido un empeño personal desde que tomó los mandos de ERC. Tanto en el pacto de gobierno con Junts como en el que firmó previamente con la CUP, la mesa bilateral queda recogida con el compromiso de las dos formaciones de no obstaculizarla, e incluso apoyarla en el caso de los posconvergentes, durante los primeros dos años. A partir de entonces, según los acuerdos, deberá ser evaluada y, si se entiende que no ha dado frutos, ERC se aviene a apoyar como contrapartida un nuevo “embate” al Estado.
La Generalitat también coincide con la pretensión del Gobierno central de separar la cuestión de los indultos de la negociación política. Ni Aragonès ni prácticamente ninguna sensibilidad del independentismo reclama los indultos por razones diversas. Para empezar, porque no alcanzarían al resto de encausados, ya condenados, multados o la espera de juicio, grupo en el que se cuentan más de 60 exdirigentes y altos cargos del Govern. La medida de gracia que plantea Moncloa tampoco serviría para el retorno de los políticos reclamados por la justicia y que la esquivan permaneciendo en países como Bélgica o Suiza. Otros sectores, como la ANC, apuntan además a que el gesto del Gobierno podría “desarmar” al independentismo, tanto políticamente como en la estrategia en los tribunales europeos.
Por estas razones, los indultos nunca han formado parte de las peticiones que la delegación catalana ha esgrimido ante el Gobierno. Sin embargo, después de que Sánchez y miembros de su Ejecutivo se mostrasen abiertos a concederlos, la postura del Govern de Aragonès también se matizó. “Lo que genera consenso en la sociedad catalana es la amnistía, por eso nuestra propuesta es la amnistía. Pero no nos opondremos a ninguna medida que aligere el dolor de los presos, de sus familias y del conjunto de la sociedad”, afirmó el president en su primera rueda de prensa tras tomar posesión.