El Govern acata la sentencia que obliga a una escuela de Canet a dar un 25% de clases en castellano

Resignación en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), que este jueves ha empezado a aplicar el 25% de clases en castellano en un grupo de P5 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha visitado el centro para trasladar el apoyo del Govern a la comunidad educativa y constatar que, aunque a regañadientes, la única opción es acatar la orden judicial.

“El modelo no debería romperse por un interés particular”, ha lamentado la presidenta del AMPA de la escuela, Mònica Ruz. Tras la demanda presentada por una única familia, el TSJC obligó al centro a impartir el 25 % de las materias en lengua castellana en una clase de P5, lo que se debe empezar a aplicar este jueves. El tribunal seguía así la senda que, según datos de la Generalitat, ha aplicado en otros 80 casos de demandas individuales de familias contrarias a la inmersión lingüística.

Pese a que el de la escuela de Canet no se diferencia de otros casos anteriores, el fin de la inmersión en este centro ha adquirido mayor relevancia al ser el primero después de que el Tribunal Supremo confirmara que el 25% de clases en castellano no se tendrán que implantar únicamente en los cursos donde así lo solicite una familia, sino en el conjunto del sistema educativo catalán.

Para dar cumplimiento a la sentencia del TSJC, la escuela de Canet pasará a impartir en castellano las clases de visual y plástica, psicomotricidad y “racons” tres tardes a la semana. González-Cambray ha criticado que la sentencia del TSJC se dirija directamente a la dirección del centro educativo, por lo que “impide dar respuesta a la conselleria”.

El titular de Educación también ha afeado a los jueces que impongan el porcentaje de castellano en los centros, pues es algo que no corresponde al poder judicial sino al ejecutivo: “Desde el desconocimiento de la realidad lingüística los jueces toman decisiones pedagógicas y aplican porcentajes en el aprendizaje de las lenguas”.

Según datos de la Generalitat, este curso escolar hay otras 19 escuelas con algún grupo en el que se aplica el 25% de clases en castellano tras una demanda de una familia. Este diario ha preguntado al TSJC, sin obtener por ahora respuesta, cuántas demandas están pendientes de resolver y cuántas se han registrado desde que el Supremo confirmara hace unos días la decisión de aplicar el 25% de clases en castellano en todos los centros de Catalunya.

Después de que a finales de la semana pasada la dirección del centro de Canet comunicase a las familias que la medida se debía empezar a aplicar este jueves, los padres y madres reaccionaron públicamente en contra e iniciaron una campaña de recogida de firmas para rechazar la sentencia y defender la inmersión en catalán. La campaña contra la decisión judicial derivó en algunos tuits, de usuarios no relacionados con la escuela, que contenían amenazas contra la familia que logró el 25% de clases en castellano.

Las repercusiones del caso de Canet han llegado hasta el Ejecutivo central. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado este jueves que estudiará el expediente del caso de acoso contra la familia de Canet y ha trasladado “todo su apoyo” a los implicados. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que las amenazas a la familia “serán investigadas”. “Toda amenaza o posible amenaza es un evento grave para la convivencia”, ha dicho.

González-Cambray ha reiterado desde las puertas del centro la llamada a “la defensa de la convivencia” y a que las escuelas “sean espacios para educar a niños y jóvenes con espíritu crítico”. “Condenamos cualquier tipo de violencia y de amenaza a la convivencia”, ha reiterado el conseller. Este martes, tras la reunión de Govern, la portavoz, Patricia Plaja, ya expresó su rechazo a las amenazas.

Pese a que desde el primer momento el Govern censuró los tuits, PP y Ciudadanos han acusado sin pruebas contra el Ejecutivo de inducir las amenazas. El líder de Ciudadanos al Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado a la Generalitat de “animar a la presión” y “alinearse con los acosadores” de la familia del centro de Canet. La diputada del PP Lorena Roldán ha denunciado una “campaña de acoso” promovida por el Govern.