El Govern catalán está empeñado en convertir el tema judicial en su tema estrella de la legislatura. Si hasta ahora la “desjudicialización de la política” era su máxima aspiración, este miércoles ha reaccionado al cambio de opinión del Alberto Núñez Feijóo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para arremeter contra la política de bloqueo del PP. “No tienen vergüenza en saltarse sus propias normas”, ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, que ha considerado que el PP “politiza la justicia para ponerla a su servicio”.
“Los que durante años han destinado más esfuerzos y recursos para judicializar la política ahora bloquean la renovación del principal órgano judicial español”, ha cargado Plaja. “Lo que hacen no es nada nuevo, solo es seguir utilizando el Poder Judicial a su servicio y utilizarlo como arma partidista. Es gracioso porque para ellos lo que dice la Constitución va a misa excepto cuando no les interesa”, ha añadido, marcado la posición del Govern en uno de los temas de actualidad durante el pasado puente.
Para el Ejecutivo catalán, el bloqueo del CGPJ por parte del PP es una cara más de la judicialización, cuyas consecuencias en Catalunya están estréchamente ligadas a las causas penales del procés. En vista de esto, el Govern defiende avanzar en la agenda de la desjudicialización, también como forma de forzar el desbloqueo de la Justicia.
Además, Plaja ha mostrado escepticismo sobre el hecho de que sea la posible reforma del delito de sedición lo que hizo saltar la negociación entre el Gobierno y el PP, tal como afirman estos últimos. “No sé si a alguien ya le ha ido bien encontrar alguna excusa para seguir sin renovar el Consejo, después de cuatro años”, ha dejado entrever. Pero, en todo caso, la portavoz ha asegurado que esto “no tendrá ningún efecto en la negociación entre el Govern catalán y el Gobierno español [para reformar el Código Penal]”, ha asegurado.
La semana pasada, desde el mismo atril, el Govern ya había confirmado que la negociación con el Gobierno sobre la posible reforma de delitos estaba en marcha. Aunque la sedición es el principal tipo penal que está bajo la lupa de ambos ejecutivos, desde el equipo de Pere Aragonès la voluntad es cambiar también otros delitos que afectan a otras causas sobre independentistas, como la malversación impropia, el delito agravado de desórdenes o la desobediencia y prevaricación.
El acuerdo sobre la reforma de la sedición, de concretarse, sería el primer pacto con consecuencias tangibles de la mesa de diálogo, donde en la pasada primavera se alcanzó un redactado conjunto a favor de la desjudicialización. Los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes independentistas presos en junio de 2021 fueron oficialmente una iniciativa del Gobierno que no formaba parte de los compromisos de la mesa de diálogo.