El Govern de la Generalitat ha confirmado este martes que, aunque de forma discreta, mantiene un negociación abierta sobre la reforma del Código Penal con el Gobierno de Pedro Sánchez. Unas conversaciones que se están llevando a cabo en el marco de la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos y que tienen como objetivo cumplir con los acuerdos de “desjudicialización” alcanzados el pasado verano. La portavoz Patricia Plaja ha evitado dar detalles sobre las preferencias del Govern, pero ha asegurado que se “está trabajando” para que los contactos den frutos “antes de acabar este periodo de sesiones en el Congreso y por tanto durante este año”.
En medio de una semana de informaciones cruzadas sobre la posible reforma de la sedición, el Govern ha tratado de abrir el foco y ha hablado de los “delitos de naturaleza política que constan en el actual Código Penal”, es decir, más de un tipo penal. “Se está trabajando con la desjudicialización y esto no hace referencia a un solo delito sino a varios aspectos”, ha resumido Plaja.
Tal y como ya ocurrió este lunes en la rueda de prensa de ERC, la portavoz del Ejecutivo catalán ha rechazado posicionarse de manera clara sobre cuál sería la propuesta ideal para la parte catalana y se ha remitido únicamente a los “informes y organismos internacionales”. En concreto, Plaja ha citado las recomendaciones del Consejo de Europa y el llamado 'informe CileviÄs', además de asegurar que países como Francia, Alemania y Suiza ya acometieron reformas legales para adecuar su Código Penal en los años 60 y 70. La portavoz ha asegurado que no podía dar más detalles para garantizar la discreción de los trabajos de la mesa.
Aunque la negociación está abierta y que, a juicio del Govern, debe resolverse en los próximos dos meses, el Ejecutivo catalán desvincula estas reformas legales de la aprobación de los presupuestos, tanto de los del Estado como de los de la Generalitat. “Son carpetas diferentes y separadas, no tiene nada que ver”, ha asegurado la portavoz, que también ha rechazado explícitamente que estuviese intentando un “cambio de cromos”.
Pero, vinculadas o no, son dos negociaciones que como mínimo se sucederán en el mismo momento y que tienen enorme importancia para los dos gobiernos. Para los de Aragonès, aprobar los presupuestos catalanes sería una forma de fortalecerse y ganar legitimidad tras la salida de Junts del Govern y la situación de minoría parlamentaria en la que han quedado. El president está llevando a cabo estos días una ronda de contactos con diversos grupos para tomar la temperatura ante un posible acuerdo para sacar adelante las cuentas.
En esta serie de reuniones con Aragonès este viernes llegará el turno del líder del PSC, Salvador Illa, quien ya ha ofrecido sus votos para el proyecto económico. Pero los republicanos, de momento, ponen sordina a esta oferta, pues aseguran que no pueden sacar adelante uno de los grandes proyectos de legislatura con un partido que no está suficientemente “comprometido contra la represión”. La pregunta es si este argumento puede variar si se acaba desatascando en Madrid una reforma del Código Penal que contente a los republicanos.