La vulneración de derechos a la que algunos funcionarios de prisiones catalanes sometieron a miles de internos ha quedado sin sanción. La conselleria de Justicia archivó el pasado 4 de julio (todavía con el Govern de ERC en funciones) la investigación abierta el pasado mes de marzo por el bloqueo que los empleados llevaron a cabo en varios centros, sin convocar huelga, en protesta por el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un interno.
Tal y como ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado a este diario el departamento de Justicia, no se sancionará a ningún empleado por el bloqueo a los centros penitenciarios, que confinó por la fuerza a cerca de 4.000 internos en sus celdas y tensionó sobremanera las cárceles. Tampoco por impedir el paso a otros funcionarios que sí querían acudir a trabajar ni por llevar a cabo las protestas sin convocar huelga.
El archivo de la investigación interna por las protestas va en línea contraria a las conclusiones de la Sindicatura de Greuges, que constató que el bloqueo “causó la vulneración masiva de derechos fundamentales de más de 4.000 presos”. Además de confinarles en sus celdas “sin ninguna causa legal”, la síndica valoró que los internos no pudieron ver a sus familiares en las visitas programadas, pero tampoco pudieron acudir a diligencias judiciales ni comunicarse con sus letrados o recibir asistencia médica y psiquiátrica.
Entidades de derechos humanos y familiares de presos han considerado “muy grave” el archivo de la investigación de Justicia. En un comunicado, las organizaciones han denunciado que Justicia ha tramitado esta investigación sin citar ni notificar ningún procedimiento a los denunciantes.
Las entidades han denunciado un doble rasero del departamento al sancionar a presos cuando cometen faltas disciplinarias pero dejar impune el comportamiento de los funcionarios públicos “que hicieron un grave desistimiento de funciones”. “Nadie imaginaría utilizar a niños en escuelas ni a pacientes enfermos en hospitales para ejecutar acciones similares”, han manifestado.
En aras de la transparencia y rendición de cuentas, las entidades han solicitado que se reclame a través de la comisión de Justicia del Parlament la tramitación de la investigación y la resolución final. Entre las entidades firmantes se encuentran Justícia i Pau, la Asociación de Familias de Presxs de Catalunya, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, Alerta Solidària, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Irídia, la Red antirepresión de familiares de detenidas y Observa.