Entre enero de 2017 y septiembre de 2019 hubo en Catalunya 255 ataques vandálicos contra entidades o partidos políticos, según un recuento que ha llevado a cabo la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, un organismo dependiente de la vicepresidencia de la Generalitat.
Los ataques se registraron en sedes de prácticamente todos los partidos catalanes, tanto constitucionalistas como independentistas, aunque también se incluyen casos ocurridos en sedes de asociaciones ciudadanas o en la misma calle. La mayoría de estos ataques fueron pintadas o roturas de cartelería electoral, aunque también se incluyen retiradas de lazos o de pósteres a favor de los políticos catalanes en prisión.
La Oficina de Derechos Civiles y Políticos, creada al principio de la legislatura, ha contabilizado y situado en un mapa un total de 602 “ataques” contra la participación política, la asociación, la manifestación y la libertad de expresión. Según este recuento, octubre de 2017 (83 casos) y diciembre de 2018 (61) fueron los meses con más ataques.
Los 602 casos documentados son incidentes motivados por la ideología de la persona o del colectivo agredido, excluyendo las acciones vinculadas al ejercicio del derecho de manifestación y al derecho a la protesta. Tampoco se han tenido en cuenta los casos en que los ataques pudieran provenir de algún poder público.
La mayoría de ellos ocurrieron en Barcelona y el área metropolitana, si bien los casos se extienden por todo el territorio catalán. El recuento incluye dos casos en la Comunidad Valenciana, uno en Mallorca, uno en Madrid e incluso contabiliza la quema de una figura de Carles Puigdemont en Coripe (Sevilla) como un caso de “vandalismo simbólico”.
El informe también recoge un incidente en Suiza relacionado con la rotura de un retrovisor de un coche que llevaba una bandera independentista y el caso de unos catalanes residentes en Alemania que encontraron una cruz esvástica pintada en la nieve frente a su domicilio, donde tenían símbolos secesionistas en la fachada.
Del resto de ataques contabilizados por el Govern, 99 casos han sido ataques contra particulares, 150 han sido contra la integridad física mientras que 91 de los casos han sido de intimidaciones, insultos y amenazas. El resto -7 acciones- son casos de “vandalismo simbólico”.
La Oficina de Derechos Civiles y Políticos se ha basado en seis fuentes principales para elaborar esta cartografía. Los datos recopilados provienen de la búsqueda y de las denuncias recibidas por la propia oficina, de la información que han transmitido los partidos así como de los datos recopilados por otras entidades como Impulso Ciudadano, el grupo de periodistas Ramon Barnils o el colectivo ComuniCATs.