El Govern de Mas pagó a una empresa belga investigada por corrupción un estudio desaparecido

La jueza que investiga el desvío de fondos del Govern para gastos exteriores del procés ha descubierto que la Generalitat liderada por Artur Mas abonó en el año 2015 más de 4.000 euros por un informe sobre política europea de defensa –que a día de hoy se desconoce si se llegó a realizar– a una empresa belga que fue investigada por corrupción y blanqueo de capitales.

Según ha indicado un portavoz de la Fiscalía de Bruselas a elDiario.es, la empresa S.C. Services, administrada por el exparlamentario liberal belga Stefaan Goris, fue objeto de dos investigaciones del Ministerio Público belga, una por blanqueo de capitales denunciado por la autoridad belga contra este tipo de delitos, y otra por blanqueo y corrupción.

La firma se clausuró en 2018 y la Fiscalía puso fin a las pesquisas abiertas en Bélgica. La empresa no tuvo trabajadores, según consta en la respuesta que las autoridades belgas han remitido a la jueza de Barcelona, lo que incrementa la sospecha de que se tratara de una mera pantalla para camuflar el auténtico destino del pago.

El informe encargado en Bélgica es uno de los once gastos del Govern investigados en la causa, que ascienden a alrededor de un millón de euros. Los pagos se dividen en dos materias: trabajos académicos que excederían del ámbito competencial del Govern, como la defensa, otros que versaron sobre la internacionalización del procés y aspectos de un nuevo Estado catalán, y subvenciones directas a entidades de catalanes en el exterior que la jueza no ve suficientemente justificadas.

La magistrada Carmen García ha encontrado en Bélgica un hilo del que tirar. El pago a la empresa llamó la atención de la magistrada, que libró una comisión rogatoria a Bélgica para saber si el trabajo sobre política europea de defensa pudo ser una “tapadera para la sustracción de dinero público”. De momento la respuesta belga da alas a esta hipótesis. Queda por saber la explicación de la parte catalana de la operación.

Hay dos exaltos cargos del Govern a los que la jueza atribuye el encargo formal del estudio a la empresa belga y el pago y la autorización de la factura por valor de 4.132,23 euros: el entonces secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat, Roger Albinyana, y la que fuera directora de servicios del departamento de Presidència, Teresa Prohías, que actualmente ocupa el mismo cargo en la Vicepresidencia. Ambos declararán como investigados el 26 de octubre.

Pero en la operación hay involucradas más personas. El próximo jueves comparecerá como testigo ante la jueza –y por lo tanto con obligación de decir verdad– uno de los intermediarios en la contratación de la firma belga, el sociólogo Salvador Cardús, intelectual cercano a Artur Mas. Su declaración ante la Policía fue “confusa y contradictoria”, indica la jueza: primero aseguró haber recibido personalmente el informe, pero después se desdijo.

Según la Fiscalía de Barcelona, Cardús rehusó realizar él mismo el informe alegando que no era especialista en la materia. La siguiente puerta a la que llamó Albinyana fue la del exdiputado de Convergència en el Congreso Jordi Xuclà, a quien la Fiscalía señala como la persona que finalmente sugirió el nombre de la firma belga.

En vez de pagar directamente a un académico como hizo con otros trabajos investigados, el Govern abonó 4.132,23 euros a la empresa belga S.C. Services “indebidamente”, entiende la Fiscalía, ya que a su juicio Albinyana informó “mendazmente” y consideró que el estudio se ajustaba al nivel de calidad exigido cuando en realidad ocurría lo contrario.

Las conclusiones y las propuestas eran “inexistentes”, asegura el Ministerio Público, tesis que comparte la magistrada. “Ni se tiene constancia de la elaboración del informe, ni se conoce su destino, ni la finalidad de su elaboración, ni quién lo tradujo, ni dónde está y, lo más importante, se desconoce para qué se transfirió la cantidad a una cuenta bancaria en el extranjero”, expone la jueza en un auto.

El informe belga forma parte de una investigación penal por prevaricación y malversación que abarca tanto el Govern de Artur Mas como el encabezado por Carles Puigdemont y tiene como origen el informe que PP, PSOE y Ciudadanos encargaron al Tribunal de Cuentas para fiscalizar la acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017. Varios de los investigados se enfrentan además a una causa contable en el Tribunal de Cuentas.

El historial de S.C. Services y Goris

Los informes de S.C. Services ya habían llamado la atención años atrás. En 2019, una investigación de la organización internacional de periodistas OCCPR, especializada en desvelar casos de corrupción y de crimen organizado, desveló que la fundación oficial de Fidesz, el partido del primer ministro de Hungría, el xenófobo Viktor Orbán, había pagado más de 150.000 euros por una “investigación de derecho público” de dudoso valor a la firma dirigida por el exparlamentario belga Stef Goris, del partido liberal flamenco.

Los pagos se produjeron cuando el compromiso de Hungría con la democracia estaba siendo investigado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) entre 2013 y 2015. Goris era un exmiembro del PACE, del que formó parte entre 1999 y 2007, y en ese momento seguía siendo un miembro honorario del organismo, lo que le daba acceso a sus instalaciones. Xuclà también fue miembro del PACE entre los años 2008 y 2019.

Goris también estuvo involucrado en el escándalo de regalos y sobornos del gobierno de Azerbaiyán a miembros del Consejo de Europa. La organización consideró en 2018 a Goris, que entonces ejercía de 'lobbista' del país caucásico, como una “figura clave o fundamental” en el engranaje de influencia de Azerbaiyán a los miembros de la institución con el objetivo de mejorar la imagen del país.

Un informe del propio Consejo desveló irregularidades de varios de sus miembros como observadores de las elecciones de Azerbaiyán de 2015. El informe calificó de “sospechosa” la actuación de Xuclà como jefe de la delegación de la misión de la PACE en las elecciones parlamentarias de 2015 en el país, y aunque señaló que infringió el código de conducta de la institución, exoneró al diputado catalán de las acusaciones más graves tras escuchar sus alegaciones. Xuclà admitió haberse reunido con Goris pero se desvinculó de las irregularidades en Azerbaiyán.