El Govern trabajará “con discreción” con Interior para que la comisaría de Via Laietana sea un espacio de memoria

La nueva consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ha instado a “trabajar de forma discreta pero efectiva” con el Gobierno central para conseguir que la comisaría de Via Laietana, un espacio de torturas durante el franquismo, se resignifique como espacio de memoria. Es un amplio consenso del Parlament que hasta ahora se ha topado con las reticencias tanto de PP como de PSOE. En una entrevista con elDiario.es, el líder del PSC, Salvador Illa, rechazó la conversión en memorial y abogó por mantener el uso policial del edificio.

Ubasart ha comparecido en el Parlament este jueves para dibujar los ejes de su gestión. La nueva consellera ha ensalzado la labor de su antecesora, Lourdes Ciuró (Junts), en memoria histórica, pero ha marcado distancias en asuntos penitenciarios o las okupaciones.

Tradicionalmente la cartera de Justicia es de las que asume una de las áreas de gestión más relevantes del autogobierno pero con menos visibilidad como es el sistema penitenciario y la reinserción de los presos. En los últimos tiempos se le ha añadido la labor de memoria histórica. Además es una de las prestadoras de servicios de los jueces y fiscales que ejercen en Catalunya.

“Via Laietana tiene que ser un espacio de memoria, y esto no se tiene que mezclar con si se echa o no a la Policía”, ha incidido Ubasart, en referencia a que todavía hoy el edificio acoge la Jefatura Provincial del cuerpo en Barcelona.

Es más, la consellera ha denunciado las “condiciones infrahumanas” en las que trabajan los agentes en el edificio. “Sería mucho más digno para los trabajadores que fueran a otro edificio y que Via Laietana se resignificara”, ha agregado, para a renglón seguido recordar que la comisaría es uno de los “últimos espacios” en España que queda por dedicar a la memoria.

En la carpeta de memoria histórica, la consellera ha anunciado que su departamento está desarrollando un programa para “no retrasar más” el despliegue del reglamento sobre las desapariciones forzadas de menores en Catalunya durante la dictadura. También ha avanzado que se incrementarán los recursos para la localización y la identificación de desaparecidos, y que se presentará un nuevo mapa de fosas.

En materia penitenciaria, acabar con los suicidios en la cárcel, la parte más oscura del sistema penitenciario, va a ser una de las prioridades de la nueva consellera. En su intervención, Ubasart (exlíder de Podem en Catalunya y una de las independientes del Govern en solitario de ERC) se ha fijado como “objetivo urgente” el abordaje de los problemas de salud mental en los centros penitenciarios.

Ha apostado Ubasart por una intervención “más activa e integral” para los internos y en seguir trabajando con Salud para prevenir los suicidios. “Que haya internos e internas que se quiten la vida bajo nuestra custodia es un drama”, ha aseverado Ubasart, que ha apostado por “dedicar todo el esfuerzo para conseguir una tasa de suicidios cero en los centros penitenciarios”.

La consellera ha dado el pésame en sede parlamentaria a las familias de los internos que se han quitado la vida en los últimos años en las cárceles catalanas.

Ha abordado Ubasart una de las cuestiones más polémicas de su antecesora, Lourdes Ciuró (Junts), quien frenó el plan, aprobado por el departamento en manos de ERC la anterior legislatura, que contemplaba sustituir la contención mecánica —inmovilizar a los internos con esposas, vetas adherentes o correas de sujeción— por celdas acolchadas. Se trataba de una de las medidas más ambiciosas en materia penitenciaria y reclamada por organismos europeos y de defensa de los derechos humanos.

Ubasart, que ha recuperado como responsable de prisiones a Amand Calderó, ha remarcado que las contenciones mecánicas “generan riesgo, tanto para los funcionarios como para los internos”, y ha abogado por el objetivo de “contenciones cero”. “Evaluaremos los resultados de las últimas medidas y avanzaremos en nuestros objetivos”.

Por otro lado, Ubasart ha guardado claramente en un cajón el anuncio de su antecesora de una nueva ley para combatir las okupaciones delincuenciales, al considerarlo “inaplicable” y excesivamente ambiguo, por lo que generaba inseguridad jurídica. “Hablar de okupación conflictiva desde los poderes públicos es una irresponsabilidad porque se corre el riesgo de equiparar delincuencia con vulnerabilidad”, ha apostillado.