No es frecuente que una acusación recurra una sentencia pidiendo menos pena para el condenado. Pero es lo que ha pasado en el caso del activista independentista Marcel Vivet, condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco años de prisión por golpear con un palo a un mosso d'esquadra en una manifestación. La Generalitat pidió al terminar el juicio cuatro años y nueve meses de cárcel contra el joven, pero ahora el Govern ha recurrido la sentencia y ha pedido rebajar la pena de cárcel a solo seis meses. La maniobra no ha sido del agrado del joven, que ha tildado al Govern de “cínicos desgraciados”.
La Generalitat intenta así superar la contradicción de tener que acusar –por ley está obligada– a los presuntos causantes de las lesiones de funcionarios y de pedir pena de cárcel a los independentistas a los que ha pedido previamente movilizarse en las protestas por el procés. En el caso de Marcel Vivet además los grupos parlamentarios de Junts y ERC reclamaron al Govern una rebaja de la petición de pena antes de terminar el juicio que no obstante los servicios jurídicos de la conselleria de Interior desoyeron. El pacto entre CUP y ERC por la investidura de Aragonès incluía la retirada de la Generalitat de las acusaciones contra independentistas.
En cualquier caso el recurso a la baja del Govern no supone una reducción automática de la pena de Vivet, ya que previsiblemente la Fiscalía pedirá mantener la pena de cinco años de prisión a la que el activista fue condenado por un delito de desórdenes públicos, otro de atentado a la autoridad y otro de lesiones.
La Generalitat, que acusó por desórdenes públicos durante el juicio, dice ahora que “no toca” al Govern pedir una sanción penal por este delito. “La condena resulta desproporcionada en una evaluación global de los hechos”, alega el Govern, que pide además que la pena de seis meses de prisión no suponga el ingreso en prisión de Vivet. Respecto al delito de atentado, el Govern pide rebajar la pena a medio año de cárcel porque el palo con el que golpeó al mosso “no reúne las características objetivas para ser considerado un objeto peligroso”.
En un comunicado, la conselleria de Interior ha defendido que con el recurso “garantiza la defensa de todos los servidores públicos” y mantiene a la vez “un criterio de proporcionalidad” en las causas contra manifestantes ante una condena “desproporcionada”. Pero los argumentos del Govern no han convencido al activista, que ha acusado al Ejecutivo catalán de “cínicos desgraciados” y ha instado a “decírselo a la cara” al nuevo secretario general de la conselleria de Interior, Oriol Amorós.