En medio del revuelo político, el Govern ha trasladado este viernes a los jueces su plan para cumplir con la sentencia que le obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. Se basa, en especial, en el pacto entre PSC, ERC, Junts y los comuns para cambiar la normativa lingüística que mantiene el catalán como lengua vehicular, pero añade por primera vez que también se use el castellano en las clases en función de las características de cada centro.
El conseller de Educación, Josep González Cambray, desgrana en un escrito –consultable al final de esta información– dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la vía escogida por el Ejecutivo catalán para cumplir en el fallo que acaba con la inmersión lingüística. Lo hace citando directamente el artículo de la ley contencioso administrativa que obliga a las partes de un pleito “a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen”, y cuando este viernes finaliza el plazo que la Justicia dio a la Generalitat para ejecutar de forma voluntaria el fallo del 25%.
Al igual que la nueva norma, en la respuesta de Cambray no se habla de un porcentaje concreto de castellano en el aula. Ni el 25% reclamado por los magistrados ni ningún otro. El motivo es que el Govern aduce que fijar un porcentaje atenta contra los principios pedagógicos, ya que el sistema educativo catalán ya garantiza el aprendizaje de ambos idiomas oficiales.
¿Será suficiente para los jueces? Está por ver. Quienes ya han dicho que no son las asociaciones contrarias a la inmersión, que ya han avanzado que el lunes pedirán al TSJC que se dirija a los directores de cada centro para instarles a cumplir sí o sí el 25% de castellano, que implica dar en ese idioma otra asignatura troncal además de la clase de lengua y literatura castellana.
Además de la modificación legislativa –que todavía no se ha aprobado y de la que Junts se ha descolgado– Cambray ha alegado ante el tribunal el nuevo decreto lingüístico cuyo trámite se inició este martes, pero que tampoco está aprobado de forma definitivo. La norma despliega un nuevo modelo lingüístico que tampoco refiere porcentajes de lenguas.
El tercer punto de la respuesta de Cambray al TSJC es anunciar que ha encargado al centro de investigación en sociolingüística y comunicación de la Universidad de Barcelona (UB) una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros catalanes ante los últimos estudios que señalan “una caída progresiva en el uso del catalán”.
En su comunicación al TSJC, Educación remarca que el objetivo de la modificación legislativa es “actualizar la garantía de consecución de las competencias lingüísticas de acuerdo con el nuevo enfoque competencial del currículo”. “Ambas lenguas oficiales, catalán y castellano, estarán contempladas en los proyectos lingüísticos del centro para alcanzar su pleno dominio”, subraya Educación.
El nuevo régimen lingüístico del sistema educativo, remarca el Govern, “da amparo a los usos y aprendizajes lingüísticos del catalán, del castellano, del aranés en el Vall d'Aran, de las primeras y segundas lenguas extranjeras, de las lenguas de origen de los alumnos y de la lengua de signos catalana, de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo”.
Por último, el conseller traslada a los jueces el último informe del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, que tras una encuesta en la mitad de los colegios reveló que el catalán se usa en un 62% del tiempo escolar y el castellano en un 33% en la primaria y un 60% y un 32% en la secundaria. Son los únicos porcentajes que aparecen en el escrito, que sirven al Govern para argumentar que la realidad de la escuela catalana ya cumple con la sentencia del 25%.