La Guardia Civil, por orden del juez, ha lanzado a primera hora de la mañana de este miércoles un operativo relacionado con el presunto desvío de fondos públicos hacia el independentismo. La operación incluye 21 detenciones –algunas se han dejado ya sin efecto pero otros arrestados pasarán a disposición del juez en las próximas horas– y 31 de entradas y registros y la tutela el juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que investiga la financiación de la estancia de Carles Puigdemont en Bélgica y su supuesta relación con Tsunami Democràtic.
El juez Joaquín Aguirre, que ha ordenado la operación, mantiene abierta una investigación por delitos relacionados con la corrupción –blanqueo y malversación, entre otros– y desórdenes públicos, este último en relación con Tsunami Democràtic. Entre los detenidos figuran el editor Oriol Soler, el exconseller de la Generalitat por ERC Xavier Vendrell y el exportavoz de Convergència David Madí. Los tres formaron parte del sanedrín que junto a los dirigentes de los partidos independentistas y del Govern planificó el referéndum y la estrategia soberanista hasta el 1-O.
Las pesquisas sobre el independentismo nacieron a partir de un caso de corrupción de Convergència en la Diputación de Barcelona abierto en 2016, pero adquirieron una dimensión internacional a raíz de los registros y la detención del exresponsable de relaciones internacionales del partido Víctor Terradellas. El juez pasó entonces a investigar si el desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona costeó gastos de Puigdemont en Waterloo.
Las detenciones de este miércoles forman parte de una pieza del mismo caso que el juez ha mantenido bajo secreto más de un año. A partir de las anotaciones y pinchazos telefónicos a Terradellas, el juez indagó sobre la financiación de la estancia de Puigdemont en Bélgica y si procedía del desvío de fondos públicos. La documentación intervenida a Terradellas ha servido de plataforma a los investigadores para pinchar los teléfonos de Vendrell, Madí y Soler.
A raíz de las escuchas telefónicas efectuadas por la Guardia Civil, el juez considera acreditado que Vendrell ejerce una actividad de “dirección y participación directa” de Tsunami Democràtic. Según el juez, esta función directiva de Vendrell en Tsunami Democràtic se comprueba en algunas de sus afirmaciones intervenidas, como “ya enviaré a gente para proteger plaza Urquinaona” o “hemos montado un escenario en la autopista”, así como en la protesta convocada con motivo del clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la temporada pasada.
“Por todo ello -sostiene el juez- se alcanza la presunción de que Vendrell no sólo participa en el movimiento del Tsunami, sino que da instrucciones de las acciones que se han de realizar”. Tanto es así, advierte el magistrado, que Soler le dice a Vendrell que “está a sus órdenes”.
En contraste con la información facilitada por el juzgado, la Guardia Civil, en una nota oficial, ha limitado la investigación a los delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, sin mencionar los desórdenes públicos relacionados con Tsunami Democràtic. Tampoco dice nada el Instituto Armado sobre el procés y la estancia de Puigdemont en Bélgica.
Sí explica la Guardia Civil que la operación está relacionada con la “recalificación” de terrenos rústicos en Cabrera de Mar para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en el complejo Villa Bugatti.
En este apartado de la investigación sobre supuesta corrupción urbanística estaría también implicado Vendrell al ser el presidente de la fundación que gestionará la escuela concertada, todavía pendiente de construirse, así como otros tres detenidos este miércoles: el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir, del PDeCAT; la directora general de centros privados y concertados de la Generalitat, Pilar Contreras; y el director de centros públicos, Josep González Cambray.
El juez también investiga a Jordi Serra, interventor delegado del departamento de Presidència con Carles Puigdemont; Toni Fusté y Roc Aguilera, de la empresa Events, que organiza eventos culturales para entidades soberanistas, entre otros clientes, y cuya sede ya fue registrada antes del 1-O; y la excargo de ERC Marta Molina.
Los detenidos más relevantes son Madí, Vendrell y Soler, tres empresarios muy influyentes en los partidos independentistas y que estuvieron en la dirección en la sombra del referéndum del 1-O. Soler fundó el grupo Cultura 03 y actualmente dirige el grupo editorial SOM. Impulsor de la editorial Ara Llibres, la revista Sàpiens y la edición barcelonesa de Time Out, también fue uno de los jefes de la campaña de la coalición de Convergència y ERC, Junts pel Sí, en las elecciones catalanas de 2015.
Madí, nieto de una de las familias de la burguesía catalana tradicional, fue el estratega principal de Convergència y mano derecha de Artur Mas durante su paso por la oposición durante el tripartito de izquierdas. Una vez los convergentes volvieron a la Generalitat en 2010, Madí pasó al sector privado para asesorar a varias empresas, entre ellas algunas del Ibex-35.
Vendrell, veterano militante de ERC, fue secretario de organización de los republicanos entre 1996 y 2006. Diputado en el Parlament entre 1999 y 2006, en ese año fue nombrado conseller de Gobernación del tripartito de izquierdas, pero fue cesado tan solo un mes en el cargo por la expulsión de ERC del Govern debido a la crisis del Estatut. Si bien está fuera de la primera línea política, al igual que Madí con Convergència, Vendrell ha seguido influyendo en la estrategia de su partido desde el sector privado.
Además el jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, también ha sido detenido y ya ha quedado en libertad. Entre los investigados en esta pieza figuran además el excónsul honorario de Letonia en Barcelona, Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, cuya sede está siendo registrada este miércoles.