La Guardia Civil ha irrumpido en la sede de Convergència Democràtica de Catalunya, el número 333 de la calle Córcega, en el marco de una operación que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales del partido de parte de la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca. Los agentes han entrado en el edificio de CDC después de registrar durante toda la mañana la sede de la fundación convergente Catdem, así como el domicilio del extesorero del partido Daniel Osácar y los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Figueres, Lloret de Mar y Sant Celoni.
Los agentes han acudido a la sede del partido que dirige Artur Mas para buscar documentación en el despacho del administrador de Catdem, que a su vez es responsable de las finanzas del partido, Andreu Viloca, y cuyo único despacho se encuentra en la calle Córcega. Sin embargo, desde su llegada alrededor de las 13 h los agentes no han podido empezar el registro porque no se ha personado todavía en la sede el secretario judicial.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado 1 de El Vendrell ha ordenado los registros para esclarecer si Teyco abonó comisiones a CDC a cambio de obras y servicios. Los indicios se derivan de una investigación en la localidad de Torredembarra (Tarragona), en la que el juez detectó el pago de 1,4 millones desde firmas de la familia Sumarroca al alcalde del municipio, Daniel Masagué, supuestamente a cambio de la adjudicación de las obras de un aparcamiento.
Aquella investigación, además de suponer la detención de Masagué y Jordi Sumarroca –consejero delegado de Teyco–, llevó a los agentes a registrar el pasado 23 de julio la sede de la empresa, en la que habrían encontrado indicios de pagos de comisiones del 3% en circunstancias similares en los municipios en los que hoy ha irrumpido la policía.
CDC tacha la investigación de “espectáculo mediático”
Desde Convergència han salido al paso de la denominada operación Petrum II acusando a la Fiscalía de “buscar un espectáculo mediático antes de unas elecciones trascendentes”. Así lo ha afirmado el coordinador general de CDC, Josep Rull: “Sabemos desde el 9N cómo actúa la Fiscalía”. Rull ha pedido “menos shows y más justicia” y ha negado que su partido haya cobrado comisiones ilegales. Del mismo modo, el consejero de Presidencia Francesc Homs ha asegurado que Convergència no tiene “nada que esconder” por lo que la operación tendría como objetivo “hacer daño” al partido.
Este no es el primer caso en el que se ve envuelto Convergència por supuestos contratos amañados con constructoras. En el caso Palau, miembros de Convergència están acusados de recibir más de seis millones de euros por parte de Ferrovial por la adjudicación de grandes proyectos como la Línea 9 de metro o la Ciudad de la Justicia. El mismo Daniel Osácar, cuyo domicilio ha sido registrado este viernes, deberá ir a juicio tras considerar el juez de instrucción del caso Palau que participó en el presunto acuerdo entre CDC y la constructora.