Una supuesta trama rusa en favor del procés mezclada con una sospecha sin verificar de desvío de subvenciones de la Generalitat. Este es el cóctel que ha desencadenado la operación ordenada por el juez Joaquin Aguirre este miércoles y en la que la Guardia Civil ha detenido a los empresarios cercanos al independentismo Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell.
En el auto por el que acuerda el registro del domicilio de Soler, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Aguirre menciona varios informes de la Guardia Civil en los que el Instituto Armado apunta a que Soler formó parte de “una estrategia de desinformación y desestabilización” de la que formarían parte el Kremlin “como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”.
En esa estrategia habrían participado, siempre según la Guardia Civil, “el gobierno del Kremlin”, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el extrabajador de la CIA Eduard Snowden, así como “personas próximas a Vladimir Putin” como la editora Margarita Simonyan y “medios de comunicación controlados por el Kremlin como Russia Today y Sputnik”.
¿En qué se basan la Guardia Civil y el juez para efectuar estas hipótesis? Por un lado, en la reunión que Soler mantuvo con Assange en la embajada de Ecuador en Londres en noviembre de 2017, cuando la Generalitat ya había sido intervenida por el Gobierno tras la aplicación del 155. El Instituto Armado no da detalles de la reunión.
Por otro lado, el juez basa sus sospechas en dos archivos de audio intervenidos en el teléfono del exresponsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas que éste mantuvo no con Soler sino con otros dos de los detenidos de este miércoles y que también formaban parte del sanedrín del procés, los expolíticos de Convergència y ERC David Madí y Xavier Vendrell. Las conversaciones tuvieron lugar el 14 de mayo de 2018 y 16 de mayo del 2018, detallan los autos.
Esas conversaciones, según el juez, apoyan su tesis de que Terradellas activó sus contactos en Rusia para ayudar al Govern de Carles Puigdemont en pleno proceso independentista, extremo del que el expresident siempre se ha desvinculado. Terradellas también negó que difundiera el procés en Rusia por orden de Puigdemont y aseguró que iba “por libre”.
Según sostiene el juez, en las conversaciones grabadas Terradellas explicó que el 24 de octubre de 2017, tres días antes de la declaración de independencia, el jefe de un “grupo ruso” con el que había contactado ofreció a Puigdemont “contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana”. Sin embargo, siempre según la transcripción de la conversación de Terradellas que realiza el juez, el expresident rechazó la oferta porque “es va cagar a les calces” (expresión catalana que significa se cagarse en los pantalones).
El “grupo ruso creado en la época de Gorbachov” del que Terradellas sería delegado en Catalunya, continúa el juez, estaba orientado al “desarrollo de una plataforma de criptomonedas” para “garantizar estabilidad financiera” a la Generalitat en caso de independencia y evitar así “el control del Estado en los movimientos de capital”.
Pero además, el jefe del “grupo ruso”, que el juez equipara directamente con Rusia, “habría ofrecido apoyo a Carles Puigdemont hasta el punto de haber trasladado a Catalunya a 10.000 soldados”. “De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto numero de víctimas mortales”, apunta el magistrado.
El “grupo ruso” de criptomonedas, según el juez, también “quería participar en los temas de comunicación” del procés que ya estaban realizando Vendrell, Madí y Jaume Roures, fundador de Mediapro. “Para ello querían colocar a una persona de primer nivel y estaban dispuestos a invertir entre 100 y 300 millones de euros o dólares”, agrega el auto.
El juez añade que Vendrell sugirió a David Madí que comentara la posibilidad de la plataforma de criptomonedas con Xavier Vinyals –excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas que también ha sido detenido en la operación de este miércoles–, dado que es una persona a quien Puigdemont “hace encargos en temas internacionales”.
La defensa de Soler, que ejerce el penalista Benet Salellas, ha tildado de “kafkianos” los indicios aportados por la Guardia Civil y ha reclamado al Instituto Armado que deje en libertad a su cliente antes del viernes, cuando está previsto que pase a disposición judicial.
Procés y subvenciones
Al margen de la supuesta trama rusa, la Guardia Civil añade que “las relaciones” entre Soler y la Generalitat “se vehiculan a través de cuantiosos contratos públicos y, sobre todo, subvenciones” El Instituto Armado cifra en “alrededor de tres millones” las subvenciones que los grupos editoriales de Soler habrían recibido de la Generalitat entre 2016 y 2020, si bien reconoce que se trata de “una información que habría que verificar correctamente con los expedientes administrativos correspondientes”.
Es más, la Guardia Civil reconoce que no tiene pruebas sobre si las subvenciones suponen un fraude. “No se puede determinar que por sí mismo los contratos menores constituyan una irregularidad”, remarca el Instituto Armado, que no obstante sugiere que “a través de estos contratos se estaba beneficiando a las empresas de Oriol Soler eludiendo la concurrencia pública”.