Si en un primer momento optó por las multas, ahora la Generalitat ha decidido regularizar las nuevas modalidades de alojamiento turístico, como la popular plataforma de alquiler de habitaciones entre particulares Airbnb. El conseller de empresa, Felip Puig, ha presentado hoy una nueva normativa, con la que plataformas Airbnb, Homeaway o Niumba saldran del limbo jurídico en el que se encontraban y quedarán sujetas a la tasa turística: un mínimo de 0,65 euros por persona y noche en Barcelona y 0,45 euros en el resto de Cataluña.
La nueva regulación incluirá dentro de la categoría de alojamiento turístico el alquiler de habitaciones en una vivienda compartida, los albergues juveniles y las áreas de acogida de autocaravanas. El objetivo, según Puig, es ordenar la oferta turística para evitar “la economía sumergida y las situaciones de indefensión del consumidor y de degradación de nuestra oferta”.
Para las habitaciones en vivienda compartida, la nueva normativa marca que el propietario del inmueble (y titular de la actividad) esté empadronado y pernocte en el piso durante la estancia del turista. Además, la nueva regulación limita el alquiler a dos habitaciones durante un máximo de cuatro meses. El número de turistas que pernocten en estas habitaciones no podrá superar el establecido en la cédula de habitabilidad de la vivienda.
Además, la nueva regulación especifica que el propietario de la vivienda será el responsable de las infracciones y el incumplimiento de las obligaciones definidas en las ordenanzas turísticas, municipales, de vivienda y de consumo. Si una inspección detecta que el propietario no convive con el turista, la Generalitat podrá abrir un expediente que termine en una sanción, cuya cuantía puede llegar hasta los 3.000 euros si la infracción es muy grave y reiterada.
Hace un año, la Generalitat multó al portal Airbnb con 30.000 euros por comercializar apartamentos turísticos ilegales y ofrecer habitaciones en domicilios particulares, algo que en aquel momento la legislación catalana prohibía. Sin embargo, multar a todas las habitaciones alquiladas a turistas se antojaba imposible dado el gran crecimiento de este tipo de plataformas. Sólo Airbnb cuenta con cerca de 5.000 habitaciones particulares y más de 7.000 apartamentos en Barcelona. La mayoría de la oferta, además, se encuentra en los barrios con más presión turística, como la Sagrada Família o Ciutat Vella.
El ayuntamiento de Barcelona, por su lado, ha visto con buenos ojos la regulación de este tipo de alojamientos y ha señalado que las habitaciones particulares alquiladas a turistas se añadirán a la suspensión de alojamientos turísticos cuando sean legales, en la línea de definir el modelo turístico de la ciudad.
Todos los actores implicados del sector pedían desde hace tiempo la regulación de este tipo de alojamientos turísticos, aunque por motivos diferentes. Airbnb, las demás plataformas y los denominados “anfitriones” (las personas que ofrecen habitaciones de sus viviendas a los turistas), para establecer de una vez por todas un marco legal en el que desarrollar su actividad y evitar más multas. Por su lado, el gremio de hoteleros, el principal competidor de este nuevo tipo de oferta turística, para lograr un crecimiento sostenible del sector.
Con esta regulación, la Generalitat identifica un total de ocho modalidades de alojamiento turístico: los hoteles, los albergues, los apartamentos, las casas de turismo rural, las viviendas de uso turístico, los cámpings, las habitaciones en piso compartido y las áreas de acogida de autocaravanas.
La propuesta regulatoria de la Generalitat proporciona también a las administraciones nuevas herramientas jurídicas y procedimientos para perseguir la actividad turística ilegal, dotando a los ayuntamientos de la misma capacidad sancionadora que el Govern.
Asimismo, obliga a las empresas que prestan o facilitan servicios de comercialización y promoción de alojamientos turísticos, incluidas las plataformas de Internet, a hacer constar el número del Registro de Turismo de Cataluña en toda publicidad que realice del alojamiento en cuestión o la prohibición de comercializar oferta ilegal.