Más allá del 'Hard Rock': Tarragona decide su futuro entre turismo 'low cost' e industria verde

Desde la urbanización Mirador de Salou, Toni Armengol señala el pedazo de tierra que ha hecho descarrilar la legislatura en Catalunya. Entre su casa y Port Aventura, el mayor parque temático del sur de Europa, se extienden los terrenos donde se prevé levantar el Hard Rock, el macrocasino de la discordia.

“¿Nos interesa o no nos interesa?”, se pregunta con socarronería este vecino. “A mí lo que me sorprende es que nadie se plantee lo mismo sobre los humos que salen de allí”. Y señala el complejo petroquímico, que se extiende hasta la ciudad de Tarragona y su puerto, donde un buque de la compañía Wallenius Wilhemsen descarga 8.500 coches coreanos. 

“La dicotomía entre Hard Rock sí o no es problemática porque esconde nuestra incapacidad de decidir el modelo económico que queremos”, señala Saül Garreta, arquitecto, urbanista y desde 2022 presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona. “Aunque no me opongo frontalmente, no sé si tiene sentido centrar los esfuerzos en un casino en vez de hacerlo por la reindustrialización y los coches eléctricos”, reflexiona.

En el Camp de Tarragona, pero también en el resto de la provincia, que incluye las Terres de l’Ebre y parte del Penedès –en total, 850.000 habitantes–, crece la sensación de que se les acumulan algunos de los mayores dilemas y retos económicos que afronta el país. Y que no son ajenos a los de otras regiones europeas. 

El 'Hard Rock', con sus más de 1.000 máquinas tragaperras y plazas hoteleras, simboliza un modelo de turismo masivo y low cost, con el epicentro en ciudades como Salou, que algunos consideran que ya no da más de sí. Pero hay más: Tarragona es el motor energético de Catalunya y epicentro de la transición verde –concentra todas las nucleares y casi todos los parques eólicos–, alberga la poderosa y contaminante petroquímica, tiene uno de los cinco puertos con mayor actividad de España y la atraviesa el trazado ferroviario del Corredor Mediterráneo. 

Una realidad que, por un lado, contrasta con una renta por habitante por debajo de la media de Catalunya y una tasa de paro superior, del 14,5% (el resto de la comunidad está en el 9%). Y, del otro, despierta también un fuerte rechazo por parte de las entidades defensoras del medio ambiente. “Suministramos recursos, energía, productos químicos, agua del Ebro… Y, encima, gran parte de las infraestructuras renovables vienen al sur”, constata Xavier Jiménez, presidente de la entidad ecologista Gepec. 

El futuro turístico, industrial o energético son motivo de discusión en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, pero en lo que muy pocos discrepan es en el sentimiento de agravio territorial. En la percepción de ser una zona de sacrificio. Incluso la Cámara de Comercio de Tarragona y les Terres de l’Ebre lo reconocía en su último informe: “Los habitantes [de la provincia] están entre los que más valor añadido producen y, a la vez, entre los que menos renta perciben”. Y añaden que el sur de Catalunya permanece “cautivo” de un modelo económico de los años 60, que incluye el turismo de sol y playa y las grandes infraestructuras energéticas.

Contra la masificación turística

Toni Armengol, el vecino del Mirador de Salou, se declara partidario del Hard Rock. Se ha dedicado toda su vida el negocio turístico, que en su municipio de 26.000 habitantes atrae a más de dos millones de visitantes al año. 2023 fue de nuevo un año de récord de visitantes. “Cada uno cuenta la feria como le va en ella”, reconoce, consciente de los perjuicios que también acarrea el macrocasino, como los bajos salarios.

Proyectado en los terrenos de CriteriaCaixa desde hace más de una década, el complejo de ocio, que se planteó por primera vez como un Eurovegas del magnate Sheldon Adelson, está pendiente hoy de un Plan Director Urbanístico (PDU) de la Generalitat. Al margen de las disputas políticas, los informes deberán abordar una de las razones por las que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJ) tumbó el proyecto en 2020: que está demasiado cerca del complejo petroquímico y es peligroso. 

Jiménez, de la entidad Gepec, que interpuso el recurso contencioso-administrativo, lo recalca. “Que yo sepa, ni los terrenos ni la petroquímica se han movido durante este tiempo”. 

“El debate profundo”, coincide en plantear este ecologista, es si se consolida un modelo de crecimiento turístico “capaz de cargarse el territorio siempre que genere beneficio para unos pocos”. Y pone el ejemplo del agua, cuyo suministro en Tarragona procede mayoritariamente de las conexiones con el Ebro. Un río que asegura que sufre “déficit hídrico” y que durante el actual episodio de sequía ya ha tenido que reducir al 50% la extracción para el riego.

Josep Maria Arauzo-Carod, catedrático de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y director del centro de investigación Economía y Sostenibilidad, también cree que el modelo turístico de sol y playa ha llegado a su límite. “No necesita que le inyectemos más recursos privados y públicos, porque necesita rediseñar la oferta y no atraer a más gente”, expresa, y argumenta que sus inconvenientes, como el consumo de agua y energía o la masificación del transporte, pronto van a superar los beneficios. El paro y los bajos salarios tarraconenses, constata, son fruto en buena medida de este sector. 

Tarragona quiere un mejor reparto energético

Tarragona, y en especial las Terres de l’Ebre, han sido históricamente uno de los motores energéticos de España. Con las centrales nucleares de Vandellòs y Ascó, que todavía hoy generan más del 50% de la electricidad de Catalunya, cerca del 70% de la energía de la comunidad procede de esta provincia. 

Pero con la transición ecológica y el cierre de los reactores, previsto para antes de 2035, nada hace pensar que el reparto cambie demasiado, puesto que la zona acumula la mayoría de parques eólicos y fotovoltaicos en marcha. Y por si eso fuera poco, la zona quedará atravesada por las líneas de Muy Alta Tensión (MAT) de Forestalia, si se acaba materializando este proyecto para abastecer Catalunya con energía eólica de Aragón. 

El balance de instalaciones de eólica y fotovoltaica es demoledor. El 63% de los 846 molinos de viento en marcha a día de hoy en Catalunya se encuentran en Tarragona, sobre todo en las Terres de l’Ebre. Lo mismo con el 64% de las hectáreas de fotovoltaica, sin contar uno de los mayores parques hoy en trámite, el que planea Shell en la comarca de la Conca de Barberà. Un total de 262 hectáreas y 115 MW. 

Desde la entidad ecologista Gepec critican que no se estén aprovechando las zonas llamadas “antropizadas”, es decir, polígonos industriales o autopistas, tal como se menciona en el decreto de 2019 que sirvió para acelerar los proyectos y sacar a Catalunya de la parálisis en energía verde. “¿Por qué no se hacen cerca del área metropolitana de Barcelona? Porque allí los terrenos son más caros con vocaciones industriales y urbanísticas”, lamenta Jiménez. 

La comparación con Girona, donde no hay instalado ni un solo aerogenerador, suele salir en todas las conversaciones. “No parece lógico que se nieguen a ver molinos en el horizonte de la Costa Brava. Realmente la solidaridad territorial es inexistente”, sopesa el director del puerto de Tarragona. s

El economista Arauzo-Carod cita un estudio que les encargó la Diputación de Tarragona como muestra del malestar que acumula la región. Se trataba de una encuesta sobre la percepción ciudadana de las infraestructuras energéticas. “Hay comarcas con un rechazo muy importante a la eólica, porque ven que soportan un coste paisajístico, ambiental y de potencial turístico muy elevado, y no perciben ningún retorno”, señala. “En cambio, con la nuclear esto no sucede, porque allí sí hay compensaciones económicas”, prosigue el académico. 

En Ascó, viene a afirmar, todo el mundo da por hecho que el presupuesto municipal de 17 millones, muy por encima del que tendría un pueblo de 1.200 habitantes, se debe a los reactores. Algo parecido sucede con la petroquímica y cómo financia las entidades locales. “A diferencia de la nuclear”, añade Joan Llort, secretario general de la UGT en la demarcación, “las energías renovables no generan puestos de trabajo estables”.

La reindustrialización y el sueño tecnológico

Al margen del sector turístico, el peso de la industria en el PIB tarraconense, de un 30%, es incomparable al de otras zonas de Catalunya. El gran responsable de ello son el conglomerado de la industria química y la refinería de petróleo, que albergan gigantes como Repsol, BASF, Messer o Dow Chemical. Esta ciudad industrial da empleo de forma directa o indirecta a unas 35.000 personas, según sus datos, y supone el 25% de la producción química de España y más de la mitad de las exportaciones que salen de la provincia. 

Pero su futuro también suscita debate, en tanto que se trata de uno de los sectores más contaminantes y que más emisiones de gases de efecto invernadero generan. Para Saül Garreta, al frente del puerto, puede jugar un papel fundamental si es capaz de transformarse. “Tenemos una posición absolutamente privilegiada para liderar la transición energética y sacar provecho de ello. Si no, pasará como con el textil de hace un siglo, que éramos punteros y dejamos de serlo”, reflexiona. 

Se refiere Garreta no solo al potencial en energías renovables, sino al reto de industria química de avanzar hacia el uso de hidrógeno verde como materia prima (todavía por desarrollar y diferente del procedente de combustibles fósiles). Las conexiones del puerto facilitarían su transporte, apunta. Y lamenta que el proyecto Valle del Hidrógeno, que aúna a distintos actores empresariales y sociales de la zona, no acabe de arrancar.

Llort, de UGT, también espera que el complejo pueda acometer una transición que impida perder puestos de trabajo que considera bien remunerados. Mientras que desde Gepec, Jiménez recuerda el caso Iqoxe, la planta de tratamiento de óxido de etileno que estalló en 2020 y provocó la muerte de tres personas. 

“Con el accidente y la investigación de la Fiscalía ha salido a la luz cómo operan realmente algunas de estas empresas, un auténtico despropósito”, afirman desde el Gepec, conscientes de que Iqoxe no contaba con planes de seguridad. “Desconfío de muchas de sus buenas voluntades”, concluye Jiménez. 

Para Arauzo-Carod, sin embargo, la petroquímica ya no tiene margen para crecer debido a las fricciones territoriales que genera y su reconversión en términos de sostenibilidad depende de si la tecnología del hidrógeno se desarrolla lo suficiente, algo que hoy genera incógnitas. Mientras Repsol amenaza con congelar inversiones como la Ecoplanta o el mayor electrolizador de España, debido a su pugna con el Gobierno por los impuestos, el economista de la URV pide centrarse en otros ámbitos que crecen y que no acaparan focos. 

“El futuro pasa por otras actividades de las que no se habla, comenzando por el hub tecnológico de Reus, que es el segundo más grande de Catalunya después del de Poblenou en Barcelona y que no se entiende la falta de apoyo que recibe”, reflexiona Arauzo-Carod. Con empresas como T-Systems y una mayoría de pymes, en el Tecnoparc ya no cabe un alfiler. “Es un sector realmente dinámico, joven, cualificado”, defiende.

Garreta, que no hace ni un mes que acompañó al conseller de Empresa, Roger Torrent, en su viaje a China, señala otra nueva apuesta industrial prevista para el Camp de Tarragona, de las más decisivas que se recuerdan en Catalunya en los últimos años. La coreana Lotte Energy Materials abrirá una nueva fábrica en Mont-roig del Camp para abastecer el mercado europeo de componentes para baterías eléctricas. Son 400 millones que podrían alcanzar los 1.200. Pero por ahora no se ha llevado tantos titulares como el Hard Rock.