Hace 20 años, en la Barcelona previa al estallido de la crisis financiera, Alberto Martínez se encontró un día sin trabajo, solo y sin dinero para pagar su piso. En aquella época no se hablaba de desahucios ni de cómo pararlos, así que hizo las maletas sin rechistar. “Vi en una revista que alquilaban habitaciones en un piso, me acerqué y aunque las condiciones eran infrahumanas, necesitaba un techo sí o sí, así que me quedé”, relata el hombre, que hoy tiene 61 años.
Han pasado dos décadas y aquella vivienda, ubicada en la calle Teodora Lamadrid, en el acomodado barrio de Sant Gervasi, no es un piso cualquiera. Junto con otras tres viviendas contiguas dentro de la misma finca, se ha convertido en un hogar para 16 personas en total, todas ellas mayores y sin recursos económicos. “Hay gente que ha venido de dormir directamente en la calle, de los servicios sociales, de desahucios… Y es un milagro que llevemos años y la convivencia se haya mantenido”, relata Martínez.
Pero su historia como compañeros de piso podría llegar pronto a su fin, si no logran remediarlo. La propiedad de la finca, Inmobiliaria Urbana SL, quiere echarlos. Y ellos, que pagan actualmente entre 250 y 400 euros por habitación, saben que no encontrarán nada parecido en un barrio donde los alquileres superan los 1.500 euros al mes. “Yo soy un pensionista que ingresa 680 euros al mes. En Barcelona no tengo adónde ir”, lamenta Alberto.
Uno de los problemas añadidos de los afectados es que ninguno de ellos figura en contrato alguno, puesto que todos estaban realquilados. Durante años pagaron su mensualidad (entre 250 y 400 euros) en mano a una misma persona, una mujer que figuraba como inquilina oficial pero que no vivía allí, sino que subarrendaba las habitaciones para ganarse la vida. Pero los contratos vencieron el pasado marzo y la propiedad decidió no renovarlos.
“Llegó un día la mujer que nos alquilaba las habitaciones y nos dijo que tenía un conflicto con la propiedad y que nos teníamos que ir, que nos iban a desahuciar porque no les gustábamos”, relata Toni Subirà, de 55 años, que recaló en el bloque de la calle Teodora Lamadrid tras ser desahuciado de su piso. La propiedad inició los procedimientos judiciales para desalojar los pisos, pero en dos de los casos el juez se vio obligado a abrir una nueva pieza separada al constatar que había en las viviendas “terceros ocupantes”. Para uno de ellos está prevista la vista oral para el 9 de enero de 2024.
Mientras tanto, los vecinos de la finca, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas de Barcelona y el Sindicato de Vivienda de Cassoles, piden a la propiedad que acepte reconocerles como inquilinos y regularizar su situación mediante contratos de alquiler social. Pero por ahora la inmobiliaria, que ha declinado ofrecer su versión para este reportaje, ha ignorado sistemáticamente sus demandas.
“Estamos ante una nueva mutación de los problemas derivados del encarecimiento de los alquiler, que es el subarrendamiento y el alquiler de habitaciones”, advierte Merlina Del Giudice, del Sindicato de Inquilinas de Barcelona. “Al no estar regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los que arriendan habitaciones no tienen derechos y son víctimas de los especuladores que se aprovechan de los más vulnerables”, argumenta.
Casi como una familia
Cuando Alberto, con solo 40 años, llegó al piso, la finca no tenía nada que ver con la actual. “Eran condiciones infrahumanas. La pintura de los pasillos estaba toda despegada, el patio interior era un vertedero, no había luz y olía todo muy mal”, recuerda. Era 2003 y por entonces solo uno de los pisos estaba realquilado. Pero entonces un matrimonio cogió las riendas, le hizo un “lavado de cara” al piso y con el tiempo alquiló dos viviendas más del bloque para subarrendarlas.
Lo más curioso es que siempre alquilaron las habitaciones a hombres y mujeres mayores y en riesgo de pobreza. “Los alquiladores habían sido personas como nosotros, necesitadas, hasta que lograron convertir aquello en su modo de ganarse la vida”, explica Alberto. Así se fue construyendo una especie de unidad de convivencia muy particular, conformada por tres viviendas distintas, una al lado de la otra, y con una quincena de vecinos todos con el mismo perfil, y de edades entre 55 y 85 años.
“No diría que es una vida familiar, pero casi. Un intermedio”, lo describe Alberto. “Cada uno es hijo de su padre y de su madre, y si en el matrimonio la convivencia ya es difícil, imagínate aquí, pero hay que decir que vivimos con mucha dignidad”, recalca.
Uno de los últimos en llegar a los pisos fue Toni Subirà. Vecino del barrio, pagaba unos 1.000 euros de alquiler —nada mal para Sant Gervasi— hasta que coincidió que la pandemia le dejó sin empleo y que lo dejó con su pareja. Estuvo un año sin pagar el alquiler y finalmente le desahuciaron. “¡Vinieron 11 furgones de los Mossos d’Esquadra, búscalo en la hemeroteca!”, exclama. Hoy sonríe, dice, pero en aquel momento lo pasó fatal. “Me fui de casa que solo tenía 300 euros en la cuenta”, dice.
Toni llamó a la puerta tanto del Sindicato de Inquilinos como de los servicios sociales, que le derivaron al bloque de Teodora Lamadrid para que probara suerte. “Primero me dijeron que no había habitaciones, pero al final fui un día y justamente había una que se había liberado”, explica. Desde entonces, comparte techo y paredes con sus 16 compañeros. Y no lo cambia por nada. “Ni me lo planteo. Después de haber vivido un desahucio, no pienso volver a pasar por ello”, reivindica.