Algo que 'Junts pel sí' quiso dejar bien claro en su presentación ayer es que, si se imponen en las elecciones del 27 de septiembre, el proceso de independencia de Catalunya no tiene vuelta atrás. “Vamos a por todas”, proclamaba Raül Romeva, número uno de esta lista pactada por Convergència, ERC y las entidades soberanistas. Pero, ¿cuál es exactamente el plan hacia la secesión que prevé desarrollar esta candidatura? De una declaración de inicio del proceso soberanista hasta unas elecciones constituyentes en 18 meses, estos son los pasos que se fija 'Junts pel sí', y que responden mayoritariamente a la hoja de ruta firmada en marzo por los partidos soberanistas, a su vez inspirada también en los trabajos del Consejo Asesor para la Transición Nacional.
Declaración de inicio del proceso
En caso de mayoría independentista el 27 de septiembre -para lo que cabría sumar también a la CUP- 'Junts pel sí' prevé que el Parlament apruebe “una declaración solemne en la que se proclamará que, en virtud del mandato recibido de la ciudadanía, se inicia el proceso de independencia”. La declaración se comunicará a “las autoridades del Estado español, de las europeas y de a comunidad internacional”, y trasladará a la Generalitat un mandato para implementar las medidas previstas en la hoja de ruta.
Gobierno de concentración de Artur Mas
La intención de 'Junts pel sí' es constituir un “Gobierno de concentración nacional” que se comprometa a poner en marcha “las medidas imprescindibles para la constitución del nuevo Estado”. Según se insistió ayer en el acto, la voluntad es que este Ejecutivo integre cuantas más sensibilidades soberanistas mejor. Aunque no consta en el acuerdo, sí trascendió de las reuniones previas a la creación de esta candidatura que CDC y ERC decidirán los cargos con una cuota del 60 y 40%, respectivamente. De lo que no hay duda es que Artur Mas será el president de la Generalitat.
Nueva Constitución: primera fase
“Inmediatamente después de la declaración empieza el proceso de elaborar y aprovar la Constitución del nuevo Estado”, constata el documento acordado por los actores de 'Junts pel sí'. La primera fase de este proceso será el de “participación ciudadana”, que estaría gestionada por la sociedad civil y que, por ahora, “no está regulada jurídicamente”.
Las estructuras de Estado
En paralelo al proceso de elaboración de la Constitución, 'Junts pel sí' prevé que la Generalitat inicie la construcción de las llamadas estructuras de Estado, un punto en el que no ahonda demasiado el documento, pero que fue teorizado sobre todo por el Consejo Asesor para la Transición Nacional. Estas estructuras serían, según el consejo, la hacienda y la administración tributaria, la seguridad, el poder judicial, las telecomunicaciones, las infraestructuras, las relaciones exteriores y los suministros básicos de energía y agua.
Proclamación de independencia y “desconexión”
“Culminada esta fase”, recoje el acuerdo -en referencia al proceso participativo de la Constitución y la puesta a punto de las estructuras de Estado-, “se procederá a la proclamación de la independencia, que supondrá la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español”. Esta tan repetida “desconexión” equivale a la aprobación de una Ley de transitoriedad jurídica, cuyo objetivo es “regular de forma provisional los elementos estructurales el nuevo Estado y las cláusulas generales dirigidas a garantizar [...] el ordenamiento jurídico del nuevo Estado y la continuidad y sucesión ordenada de las Administraciones”. A la práctica, esta normativa, según lo pactado, declarará la continuidad del derecho autonómico catalán, el español, el europeo y el internacional, además de la continuidad de los contratos del Estado y la Generalitat “mediante subrogación”. También estipula que permitirá a los funcionarios y personal de la Administración del Estado “integrarse” en la Administración del nuevo país.
La proclamación de independencia y inmediata aprobación de la Ley de transitoriedad se debería llevar a cabo en un plazo de seis u ocho meses desde las elecciones, según se acordó en las reuniones previas a la creación de 'Junts pel sí'. Sin embargo, los plazos no han quedado recogidos en el documento presentado ayer.
Elecciones constituyentes y referéndum
Esta es la última fase del proceso, según la hoja de ruta. Se trata de la convocatoria de unas elecciones constituyentes en un plazo máximo de 18 meses desde los comicios del 27S. “Y entonces que gane el mejor”, proclamó ayer Romeva. Justo después, el proceso “de creación de un nuevo Estado” culminará con “la aprobación de la Constitución por referéndum”.
¿Qué pasa si interviene el Estado?
La hoja de ruta podría saltar por los aires si las instituciones del Estado español actúa para frenar el proceso, bien a través de recursos al Tribunal Constitucional de las leyes o estructuras de Estado, bien con una hipotética intervención de la autonomía. A esto último hace referencia, aunque de manera poco clara, el documento: “Pese a todo lo anterior, en caso de que el Estado español, mediante decisiones políticas y/o jurídicas, bloquease el autogobierno de Catalunya, el Govern y el Parlament procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica”. Con esta frase se da a entender que la intervención del Estado aceleraría el proceso.
Las prioridades sociales de 'Junts pel sí'
En la presentación de 'Junts pel sí, Romeva incidió en el discurso de la independencia como instrumento necesario para desarrollar políticas sociales. “La finalidad del proceso de construcción del nuevo país es la capacidad de dar respuestas, crear oportunidades y proporcionar herramientas al servicio de la libertad, el bienestar y la ocupación”, contiene el acuerdo. Quizás la principal sorpresa de anoche fue la lectura por parte de Romeva de un primer paquete de “prioridades sociales” que, según dice el acuerdo, quedarán detalladas “en un futuro programa electoral y en un plan de Gobierno”. Desde la “atención a las necesidades urgentes en materia de vivienda y pobreza energética” hasta la protección “contra la pobreza infantil”, el documento contiene una bateria de medidas algunas de las cuales, paradójicamente, contrastan con las políticas de ajuste desplegadas por CiU en la Generalitat en los últimos cuatro años.