Iberpotash, las minas catalanas de un gigante israelí con un historial de accidentes y contaminación

“En Súria no encontrarás a nadie que no tenga un familiar o un ser querido en la mina de Iberpotash. La simbiosis con el pueblo es absoluta”, cuenta un histórico sindicalista del sector en la comarca minera del Bages, en Barcelona. La localidad, de 5.000 habitantes, tiene en la extracción de potasa su mayor fuente de empleo, pero en el historial de la empresa figuran también varios accidentes mortales, condenas por contaminación y sanciones por parte de la Comisión Europea. El último de estos capítulos ha sido la muerte de tres geólogos tras un desprendimiento a 900 metros de profundidad.

La mina de Súria, la más grande de Catalunya, tiene más de un siglo de historia y es desde 1998 propiedad del grupo israelí ICL, un gigante mundial de la producción de fertilizantes. En el pueblo y en Catalunya, sin embargo, todo el mundo conoce la firma por el nombre antiguo de la filial: Iberpotash. La firma contaba en la comarca con otra instalación minera, la de Vilafruns (en Sallent), que cerró en el año 2020. Aunque ya tenía fecha de caducidad desde hacía tiempo, la planta aceleró la clausura después de dos accidentes mortales en menos de un mes. 

Solo en el mes de junio de ese año, un electricista de 45 años y otro empleado de 55 fallecieron víctimas de sendos desprendimientos. Aquel cúmulo de siniestros provocó una huelga de los mineros que, pese a ser prudentes en la atribución de responsabilidades, reclamaron más medidas de seguridad. Semanas después, se anunció el cierre de la planta.

Según un recuento del medio local ‘Regió 7’, son más de 20 los empleados que han fallecido en las minas del Bages desde 1990. En ese balance también aparece la mina de Súria, y no solo por los tres empleados que han muerto este jueves. En 2013, a dos trabajadores se les cayó el techo de una galería encima estando a 800 metros de profundidad, mientras realizaban tareas de mantenimiento. 

“La relación laboral con ICL Iberia es siempre de un tira y afloja”, expresa Josep Rueda, representante de Industria de CCOO. Este sindicalista del Bages asegura que en accidentes pasados “si se hila fino siempre se podrían haber mejorado cosas”, pero a la vez reconoce que el de la minería es en sí mismo un sector “muy peligroso”. Según la Generalitat, la galería de Súria donde ha ocurrido el accidente había pasado con éxito una inspección hace apenas tres semanas. 

En la última década, y azuzada en parte por los problemas medioambientales que genera su actividad, Iberpotash, que emplea a 1.100 trabajadores en Catalunya, se ha embarcado en un ambicioso proyecto de reconversión llamado Plan Phoenix. Aprobado en 2011, su objetivo principal ha sido ampliar la planta de Súria para doblar la producción, de medio a un millón de toneladas de potasa al año, y compensar así el cierre de la mina de Sallent. 

El plan inversor, que se ha llegado a cifrar en 800 millones de euros, incluyó la construcción de una terminal de carga en el Puerto de Barcelona, pero sobre todo la construcción en la mina de Súria de una rampa de 5,2 kilómetros de extensión, la más grande de España. Inaugurada en 2021 con la presencia de dos consellers del Govern (Jordi Puigneró y Laura Vilagrà), permite trasladar el mineral desde la planta de extracción a la de tratamiento.

Es en una de las galerías de esta nueva instalación donde este jueves se ha producido la tragedia. Las víctimas han sido tres jóvenes geólogos (dos trabajadores de ILC de 28 y 29 años y un estudiante del máster en ingeniería del campus de Manresa de la Universitat Politècnica de 31 años). Los empleados se encontraban en la zona sur, a unos 900 metros de profundidad, realizando trabajos de revisión rutinarios previos a la perforación de una galería cuando se ha producido el desprendimiento de uno de los techos que ha acabado con sus vidas.

Los problemas medioambientales

La contaminación ambiental derivada de la actividad minera en la comarca del Bages es otro de los contenciosos que arrastra Iberpotash. Seis años después de la condena en firme a tres empresarios y a Iberpotash por contaminación de varios pozos de agua debido al exceso de salinidad, todavía está en discusión la concreción de la recuperación medioambiental de la zona. 

El caso de Iberpotash es uno de los que más preocupan a la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona, que lleva años intentando por todas las vías legales que la multinacional israelí restituya el daño medioambiental por el que fue condenada. El Ministerio Público logró el año pasado que la jueza obligase a Iberpotash a presentar un tercer plan de recuperación de la zona y de retirada de una montaña de escombros salinos al valorar como insuficientes los aportados en 2017 y 2020, que preveían completar los trabajos en un plazo de 50 años.

La jueza instó a la firma a que realizara los trabajos necesarios para recuperar la salinidad natural de los pozos y fuentes de la zona. Los pasos requeridos por la magistrada pasan por un estudio geológico regional en 3D, un estudio hidroquímico y concretar un periodo de tiempo breve para descontaminar las áreas afectadas –los pozos de varias zonas de las poblaciones de Súria, Callús, Santpedor y Sallent–, además de instalar puntos de control de cloruros.

A la espera de cómo termine la ejecución de la sentencia, en la montaña de sal del Cogulló de Sallent que Iberpotash debe retirar también se prevé construir una macroplanta de placas solares, que cuenta con la oposición de los ecologistas. En paralelo, la Generalitat ha dado los primeros permisos para crear una nueva escombrera salina en Súria, la población que ahora concentra la actividad minera de la comarca. El Cogulló tiene 48 millones de toneladas de residuos salinos.

El otro capítulo judicial que se cerró contra los intereses de la empresa fue el que constató que Iberpotash recibió ayudas ilegales por parte del Estado. La firma tuvo que devolver 5,8 millones de euros a las arcas públicas debido a una sanción de la Comisión Europea, que consideró que se había incumplido la legislación de competencia. El Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó el recurso de la multinacional en 2020.