Mientras las cabalgatas recorrían las calles de Barcelona hace un año, Idrissa Diallo, según algunos testimonios, gemía de dolor en su celda en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca. El joven guineano murió esa madrugada, la noche de Reyes, a sus 21 años, entre polígonos industriales, lejos de su tierra natal y sin haber llegado a ver las calles de la capital catalana.
Idrissa Diallo no estaba acusado de ningún crimen. Saltó la valla en Melilla el 5 de diciembre de 2011 en busca de una vida mejor y la policía lo detuvo por no tener papeles. Quince días más tarde el juez que instruía su caso ordenó su ingreso en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, a la espera de una expulsión que nunca llegó. Más de la mitad de los internos no llegan a ser expulsados y después de dos meses de internamiento, que consideran una experiencia traumática, vuelven a salir a la calle, pero no fue el caso de Idrissa.
Distintas organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes siguen exigiendo, un año después, que se aclaren las circunstancias de la muerte de Idrissa. Según declaraciones de internos del centro a estos colectivos, el joven guineano solicitó atención médica durante la tarde, pero no se le concedió hasta pasada la medianoche, cuando lo atendieron los agentes de Policía Nacional que estaban de guardia y llamaron a una ambulancia, porque a esa hora no había asistencia médica en el CIE de la Zona Franca.
La versión oficial, sin embargo, asegura que Idrissa no solicitó ayuda hasta la medianoche y que fue atendido con celeridad por los agentes. Esta versión está avalada por testimonios de sus compañeros de la celda A-01, del módulo de los inmigrantes de origen africano. Sin embargo, Enrique Mosquera, de Papeles y Derechos para Todos, considera esas declaraciones “ambiguas”. Por otro lado, Marc Serra, de la Campaña por el Cierre de los CIE, considera que pueden estar condicionadas, y asegura que no coinciden con las de otros internos.
Testigos liberados
Los cinco inmigrantes, de Guinea Conakry, Congo, Chad y Sierra Leone, fueron puestos en libertad, pero las organizaciones implicadas no han podido volver a contactar con ellos. Mosquera asegura que su puesta en libertad “es un gran precedente, porque normalmente cuando hay una denuncia en el CIE se acelera la deportación de los testigos”, pero lamenta que los enviaran a Madrid para ser acogidos por la fundación CEPAIM, ya que les ha sido imposible ponerse en contacto con ellos.
Según denunciaron tres letrados al Colegio de Abogados de Barcelona, en los días posteriores a la muerte de Idrissa se encontraron trabas nunca vistas para asistir a un interno que los había contactado para que “lo asesoraran en relación a la situación que estaba sufriendo en el CIE y para denunciar la muerte del interno Idrissa Diallo”. Familiares de internos también hablaban durante esos días de una mayor presencia policial en el centro.
Un año tarde
Las tres organizaciones que han denunciado la muerte de Idrissa –Papeles y Derechos para Todos, SOS Racisme y De bat a bat– se han encontrado muchos obstáculos legales. El Juzgado de Instrucción nº 5 de Barcelona les denegó el derecho a ser parte del proceso, pero la Audiencia Provincial les ha reconocido este derecho y, un año más tarde, pueden presentar una querella criminal para intentar aclarar el caso.
La opacidad y la arbitrariedad son algunas de las cuestiones que critican los activistas en los CIE, y el de Barcelona es más opaco que otros. En Madrid o Valencia, los jueces de control han dictado autos que permiten visitas de organizaciones más allá del horario de visitas. En cambio, en Barcelona los responsables del centro “lo hacen funcionar como quieren, de manera arbitraria”, según Marc Serra.
La propuesta de reglamento
Pocas semanas antes que Idrissa, murió Samba Martine en el CIE de Aluche, en un caso en el que también se han denunciado negliencias. Ambos casos llamaron la atención sobre los centros de internamiento y el ministro de Interior respondió a la presión social comprometiéndose a aprobar un reglamento para estos centros y poner fin a una gestión totalmente arbitraria.
Ahora está sobre la mesa un borrador de este reglamento, pero desde la Campaña por el Cierre de los CIE no lo consideran una solución: “El nuevo reglamento no impedirá que se produzcan muertes como la de Idrissa porque, por ejemplo, no garantiza que haya un traductor en los CIE, ni mejora la asistencia sanitaria”, dice Serra. En un comunicado, añaden que el texto permitiría “a empresas privadas lucrarse con la ”gestión de la seguridad y la sanidad“ en los centros y dificultarían aún más el régimen de visitas y la colaboración de entidades sociales”.
El colectivo 15Mbcn.tv ha presentado recientemente un documental sobre el CIE de la Zona Franca, donde murió Idrissa Diallo: