El Parlamento ha admitido a trámite la ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia de vivienda y pobreza energética, que se votará el próximo 23 de julio en el último pleno de la legislatura si Mas convoca las elecciones autonómicas del 27-S, tal como está previsto. Todos los grupos se habían comprometido con los impulsores a no bloquear su tramitación para que se pudiera votar durante la actual legislatura, y todos menos el PP se han comprometido a apoyarla. Habrá que ver, sin embargo, qué enmiendas presentan CiU y Ciutadans porque podrían hacer cambiar el espíritu de algunas propuestas.
El consejero de Territorio de la Generalitat, Santi Vila, y la diputada de CiU Meritxell Roigé han reivindicado el trabajo del Gobierno en materia de vivienda. Durante el último año los convergentes han impulsado medidas como un impuesto a los pisos vacíos o un decreto que da preferencia a la Generalitat en la compra de pisos de desahuciados, todas ellas criticadas por la PAH como insuficientes para dar respuesta a la problemática actual. “Si se preguntan si podemos recortar algún punto de la ILP la respuesta es una: es una demanda de mínimos para garantizar derechos fundamentales”, ha asegurado ante el pleno el portavoz de la PAH Carlos Macías.
Durante estos días los impulsores mantienen conversaciones con CiU para evitar que se desvirtúe la ILP. Ayer mismo se encontraron para buscar soluciones a una de las cuestiones con la que los convergentes han sido más críticos: el alquiler forzoso de las viviendas a los desahuciados. El objetivo es impedir que las familias se queden en la calle, facilitando que se puedan quedar a vivir en su casa con un alquiler social. Macías explica que lo importante para los impulsores es garantizar los objetivos de la ILP, aunque pueda cambiar su redactado. Por eso están discutiendo fórmulas alternativas que puedan garantizar que ninguna familia se quede sin hogar.
El otro eje del discurso de CiU ha sido el miedo a una impugnación de la ley. “Cuando alguien ha querido ir mucho más allá ha fracasado, como ocurrió en Andalucía”, ha asegurado Santi Vila en referencia al decreto que permitía expropiar pisos de los bancos, impugnado por el Tribunal Constitucional. Roigé, en su intervención, también ha defendido aprobar medidas menos ambiciosas para que no se puedan impugnar. Jordi Terrades, diputado del PSC, ha replicado al Gobierno que una de las primeras medidas de CiU fue recortar, con el apoyo del PP, la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada por el Tripartito, que contemplaba la expropiación del usufructo de viviendas vacías, una medida “que era constitucional”, recuerda. Sobre esta amenaza, Macías ha resaltado que las entidades promotoras confían en que la norma no será impugnada, porque la han elaborado con esto en mente.
La sorpresa de Ciudadanos
Ciudadanos, uno de los partidos que desde el primer momento se posicionó a favor de la ILP y se comprometió a hacer sólo enmiendas de mejora que no modificaran sus propuestas básicas, ha sorprendido a los impulsores anunciando varias enmiendas, entre ellas la propuesta de retirada de algunos puntos, como uno de los relacionados con el alquiler forzoso. El PP también ha presentado enmiendas al texto. En una reunión con los impulsores la líder del partido, Alicia Sánchez-Camacho, ha expresó su apoyo a sus reivindicaciones pero no se comprometió a apoyar íntegro el texto sino a negociar sus enmiendas previamente con los impulsores. ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, en cambio, han reiterado el pleno su apoyo total a la iniciativa.