El editor Oriol Soler, investigado por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se aparte al considerar que ha perdido la imparcialidad para investigar el caso por sus palabras contra la amnistía.
“La amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud”, afirmó García Castellón –“como ciudadano”, no como juez, matizó– en el Foro La Región el pasado 5 de octubre tras ser presentado por el exdiputado autonómico del PP Julio Ariza, fundador de Intereconomía y recientemente condenado por el concurso de acreedores de esta cadena de televisión.
En un escrito, la defensa de Soler, que ejerce el penalista Benet Salellas, alega que la crítica que el magistrado hizo a la ley de olvido penal supone una “pérdida absoluta e irremediable de la imparcialidad” para investigar al independentismo
“Yo únicamente como ciudadano puedo decir dos cosas. Uno: que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: bien, estos señores han dicho que si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por tanto ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?”, dijo el juez García Castellón.
Las palabras del juez, insiste la defensa, “evidencian de manera clara” su “animadversión y rechazo” al movimiento independentista catalán. “Desnudando públicamente sus legítimas opiniones contrarias a la amnistía, [el magistrado] ha condenado irremediablemente su imparcialidad”, apostilla el escrito.
A criterio de la defensa, la valoración (ya fuera a favor o en contra) del juez sobre la ley de amnistía que PSOE y Junts negocian a día de hoy supone “expresar una opinión sobre el carácter delictivo de las movilizaciones sociales independentistas y sobre si merecen o no reproche penal”, lo que conduce a la pérdida de la imparcialidad necesaria para investigar cualquier caso relacionado con el procés.
En el caso de García Castellón, ahonda el escrito, su mensaje contrario a la amnistía acarrea un “prejuicio” y una “duda razonable” de que su instrucción pueda buscar únicamente el “reproche penal” a los independentistas. Con sus “vehemente opinión” sobre la amnistía, el juez García Castellón “ha tomado posición” en el caso, añade la petición de recusación de Salellas.
La pérdida de imparcialidad el juez contiene, a criterio de la defensa, los tres elementos que ha marcado la jurisprudencia del Constitucional para la recusación de un magistrado: la intensidad del mensaje, que Salellas califica de “toma de posición política”; la publicidad que recibieron las palabras del juez, retransmitidas en directo y recogidas por varios medios; y que, aunque se expresara “como ciudadano”, vertió su opinión en un acto al que asistió en calidad de su cargo como titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
El sindicato de periodistas apoya al informador imputado
La petición de Soler es la primera para intentar apartar al juez que realiza uno de los investigados del caso, entre los que se encuentran el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pero también el periodista de La Directa Jesús Rodríguez, quien ha recibido el apoyo del sindicato de periodistas y de organizaciones proderechos civiles.
En su auto, el juez vincula a Rodríguez con la campaña de difusión de la puesta en marcha de Tsunami por cuatro mensajes que se envió con el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay. En un artículo en La Directa, el periodista ha enmarcado los mensajes en el ejercicio del derecho a la información “de las fuentes más diversas”.
El juez ha decidido imputar por terrorismo al periodista por unos mensajes en los que, según el instructor, Rodríguez trasladó a Alay el día en que se conocerían los perfiles de Tsunami y las “dudas” del grupo coordinador de la plataforma sobre el lanzamiento de la campaña en redes sociales. En otro de los mensajes, el juez destaca –y subraya en negrita en el auto– que el periodista habría expresado al asesor del expresident que los primeros días de la campaña se quería “hacer llegar a la ciudadanía el concepto de Tsunami Democràtic”.
En un mensaje en X –el antiguo Twitter–, el Sindicato de Periodistas de Catalunya ha apoyado a Rodríguez y ha recordado que el periodista ha destapado en los últimos meses casos de policías infiltrados en movimientos sociales e independentista.
Alay cuestiona el terrorismo
Los escritos de los investigados no dejan de llegar al juzgado de Manuel García Castellón. El asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay, que este martes alegó ante el juez que era víctima de “persecución política”, ha empezado a combatir la hipótesis planteada por el instructor de que las protestas de Tsunami podrían ser responsables de la muerte de un ciudadano francés de un infarto en el Aeropuerto de El Prat, extremo que ya desmintieron en 2019 los servicios de emergencias.
En un escrito, la defensa de Alay, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, ha acusado al instructor de olvidar su obligación de dar acceso a la causa a la familia del ciudadano francés fallecido y cumplir así con la directiva de la UE que recoge los derechos “de las víctimas de terrorismo residentes en otro Estado miembro”.
La defensa recuerda que el juzgado está obligado a “garantizar los derechos de esa familia” a la que “se presenta como víctima de una supuesta muerte de etiología terrorista”. “Desconocemos desde cuando el Código Penal o la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo conceptúan como de etiología terrorista una fatal cardiopatía”, añade el escrito.