Once agentes del Área de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra han sido imputados por el desalojo de una nave industrial ocupada en la calle Sancho de Ávila, en el barrio del Poblenou de Barcelona, el pasado mes de enero. El juzgado de instrucción considera que los policías imputados pueden haber cometido delitos de lesiones y contra la integridad moral. Inicialmente, la querella también les acusaba a la policía autonómica de allanamiento de morada y coacciones. En la nave se encontraba un grupo de inmigrantes que habían sido desalojado días antes de otra finca similar en la cercana calle Zamora.
La acusación particular, formada por representantes de la Red de Apoyo a los Asentamientos (integrada por la Asamblea del Poblenou, Tanquem els CIE y Papeles para Todos), dirigía la acción penal y civil contra 12 agentes, de los cuales solo se tenía la identificación de dos. Los querellantes calificaron la actuación de la policía como “injustificada”, ya que el acceso a la finca debía haber contado con una orden judicial, al no ser una ocupación flagrante ni responder a los criterios de urgencia. Según la acusación, los ocupantes llevaban más de 48 horas dentro, se habían instalado en la madrugada del 7 y 8 de enero y estaban acondicionando el inmueble.
Según esta versión, los agentes lanzaron gas pimienta durante el desalojo, lo que provocó que los afectados respondieran lanzando al aire cubos de agua que tenían allí para limipar. También denunciaron que un agente les echó gas directamente a los ojos, lo que les habría dejado cegados por el escozor.
Según la versión de la policía catalana, en cambio, los ocupantes, para evitar ser sacados de la nave, les tiraron piedras, palos y una mezcla de productos químicos que provocó una nube de gases que causó irritación en los ojos, hecho tras el que un agente respondió con el spray de pimienta.
Los mossos detuvieron en aquel operativo un total de ocho personas -cinco de origen subsahariano y tres españoles; siete hombres y una mujer- acusados ​​de resistencia a la autoridad y usurpación de bienes inmuebles.
La denuncia contra la policía, además del uso de gas, relataba cómo los agentes lanzaron al suelo con agresividad a los ocupantes, que fueron colocados boca abajo, para luego ponerles “las botas en el cuello” y propinarles golpes en el cuerpo y en la cabeza con la defensa -la porra- y hasta con una guitarra, además de proferir insultos racistas.
Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro de urgencias de Sant Martí debido a las lesiones causadas, y otros tres fueron atendidos por policontusiones en el Hospital del Mar.